La Contraloría General de la República lanzó una advertencia contundente sobre la insuficiencia de los recursos destinados para cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas durante 2025. Según el organismo de control, el déficit amenaza la sostenibilidad fiscal de los servicios públicos y podría afectar directamente la operación de las empresas encargadas de prestar estos servicios.
En un comunicado emitido el 18 de noviembre de 2025, la entidad señaló que, pese a las apropiaciones iniciales aprobadas por el Gobierno, la disponibilidad presupuestal resulta insuficiente frente a las necesidades reales del sector. La Contraloría evidenció que “aunque la apropiación inicial para el sector de energía eléctrica es de $3,16 billones para 2025, la cifra cubre apenas el 47% de los $6,6 billones requeridos”.
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La advertencia fue presentada en la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento, en la que participaron la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Servicios Públicos. El objetivo del espacio es monitorear la gestión, ejecución y pago de los subsidios de 2025, además de revisar los rezagos acumulados desde la pandemia.
El panorama descrito por la Contraloría es preocupante. El retraso en los giros comprometidos puso bajo presión a las empresas prestadoras del servicio e incrementó la carga fiscal del Estado. Las cifras muestran que los pagos realizados a las compañías del sector alcanzan “$2,58 billones equivalente a una ejecución del 82% de lo disponible”. Aunque el Ministerio de Minas y Energía podría agilizar pagos por $580.000 millones con recursos ya apropiados, el faltante sigue siendo notable frente a la demanda real de subsidios.
El escenario en el sector del gas combustible también enfrenta dificultades. El comunicado advirtió que, aunque el programa nacional presenta una ejecución del 100%, los recursos destinados ya se agotaron. Por ello, la Contraloría concluye que, “existe la necesidad de apropiar recursos adicionales del orden de $750 mil millones adicionales para el resto del año”. Esto implica que, sin una adición presupuestal, no habría forma de garantizar los subsidios durante los meses restantes de 2025.
El informe también mencionó retrasos en iniciativas clave para la transición energética, especialmente en los proyectos de sustitución de leña y el gas licuado de petróleo. Allí, la ejecución de los subsidios y las obras de infraestructura alcanza apenas el 71%, mientras que el indicador asociado a la sustitución de leña registra un avance del 17%. La Contraloría advirtió que, para evitar mayores retrasos, se requiere celeridad desde el Ministerio de Energía en la gestión de los pagos pendientes, pues cualquier demora adicional podría frenar la implementación de programas que buscan mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables y reducir su dependencia de combustibles contaminantes.
Uno de los puntos más críticos del comunicado señaló que el retraso en los giros “compromete la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio y aumenta la presión fiscal del Estado”. El crecimiento del déficit, sumado al agotamiento parcial de los recursos, implica un desafío doble, por un lado, asegurar la continuidad de los subsidios para los usuarios más vulnerables; y por otro, evitar que los prestadores de energía y gas entren en una situación financiera que afecte la calidad y continuidad del servicio.
La Contraloría insistió en la necesidad de tomar medidas rápidas para cubrir los faltantes presupuestales y evitar que el déficit estructural se profundice durante 2025. El mensaje del organismo es claro, los recursos disponibles no son suficientes, y la sostenibilidad de los subsidios —pilar para millones de hogares— está en riesgo si no se realizan adiciones presupuestales sustanciales.
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