La negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 entró en una fase decisiva, con el debate centrado en la informalidad laboral y el impacto de los incrementos salariales en la economía. Expertos ya advirtieron sobre la gravedad de la situación del empleo en el país al señalar que la informalidad alcanzó niveles que no se veían desde hace más de dos décadas. Y es que la tasa de informalidad laboral (personas que trabajan, pero no pagan segurdad social) se sitúa en 54% en 2025, una cifra comparable únicamente con la registrada en 2002, cuando alcanzó el 54,7%. Antes de la pandemia, el indicador había descendido hasta el 47%, lo que reflejaba una mejora en la calidad del empleo.
Al respecto, el abogado laboralista Charles Chapman López, socio fundador de Chapman Wilches, sostiene que Colombia retrocedió en materia de formalidad laboral y que el Gobierno no logró recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria.
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“¿Qué quiere decir eso? En Colombia era mayoritario el empleo formal, el empleo con derechos, con un 58%. Pero ya hoy, cinco años después de la pandemia, no es lógico que la informalidad esté 7 puntos por encima del trimestre septiembre - noviembre del 2019. Es que la informalidad se rebusque, el trabajo sin derechos”, afirmó.

El abogado considera que la discusión sobre el salario mínimo, que en la actualidad es de $1.423.500 (sin auxilio de transporte", debe centrarse en la recuperación de la formalidad y en la protección de los derechos laborales, en lugar de enfocarse únicamente en el monto del incremento. “Por favor, Colombia, reaccionemos. Exijamos al Gobierno que la discusión del salario mínimo debe predominar, volver a los datos de formalidad de Colombia previos a la pandemia”, instó Chapman López.
Qué busca el Gobierno Petro para el salario mínimo de 2026
Dentro de lo previo a las negociaciones, el Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, propuso un incremento del salario mínimo para 2026 que podría llegar hasta el 11%. La cifra supera con amplitud las proyecciones técnicas, que sugieren un aumento de entre 6,5% y 7,5%, teniendo en cuenta una inflación estimada en 5% y un crecimiento de la productividad entre 1,5% y 2%.
La propuesta del Gobierno generó preocupación entre los gremios empresariales. Por ejemplo, Fenalco rechazó la posibilidad de un incremento por decreto y se retiró de la mesa de negociación, calificando la medida de “populista”.
El debate es cada vez más fuerte ante la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,25%, una medida que refleja prudencia frente a las presiones inflacionarias. Mientras tanto, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continúa con la expectativa de alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad económica.
Ante esto, el ministro Antonio Sanguino defendió la propuesta oficial al argumentar que el objetivo principal es mejorar el ingreso real de los trabajadores y garantizar el cumplimiento del concepto de “salario vital y móvil”, consagrado en la Constitución. Según el funcionario, este principio implica que toda persona debe recibir una remuneración suficiente para cubrir los bienes básicos que le permitan vivir con dignidad junto a su familia.
Llamado a los empresarios
Por eso, hizo un llamado a los empresarios para que participen en un diálogo “sincero, con el corazón en la mano”, y pidió que no se adelanten a fijar posiciones antes de conocer las cifras oficiales de inflación y productividad que presentarán el Ministerio de Hacienda y el Dane. “Espero que no sea una opinión generalizada, anticipándose incluso con cifras que el gobierno aún no ha puesto en conocimiento público”, expresó al instar en la necesidad de que el ambiente de negociación sea responsable y basado en datos reales.
Impacto en la inflación
Por su parte, el sector financiero recomendó que el incremento del salario mínimo no supere el 6%. La managing director y senior country officer de JP Morgan, Ángela Hurtado, considera que la subida debería corresponder a la inflación efectiva anualizada a diciembre, más la productividad, y advierte sobre los riesgos de exceder este umbral.
“La subida del salario del próximo año tiene que ser 5,2% o la inflación efectiva a diciembre anualizada, más la productividad, no debería ser muy por encima de esta cifra”, afirmó a La República. Resaltó la importancia de que el ajuste salarial se mantenga dentro de parámetros técnicos para evitar un deterioro de la tendencia inflacionaria y para no limitar la capacidad del Banco de la República de reducir las tasas de interés.
“Lo más importante es garantizar que el incremento del salario mínimo se haga de acuerdo con la inflación, más la productividad. Creo que cualquier incremento por encima de esto va a generar un empeoramiento en la tendencia y además va a limitar cada vez más la capacidad del Banco de la República de bajar las tasas de interés”, advirtió al medio.
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