El protagonismo de la publicidad digital en la carrera presidencial colombiana se ha intensificado mucho antes del inicio formal de las campañas, con cifras que revelan inversiones millonarias en redes sociales por parte de los principales aspirantes.
De acuerdo con un reporte publicado por Meta, citado por El Tiempo, Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático, encabeza la lista de políticos que más recursos han destinado a anuncios en plataformas como Facebook, Instagram y Whatsapp, con un gasto que supera los $680 millones en el último trimestre de 2025.
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Posteriormente, el informe divulgado por la plataforma detalló que el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ocupa el segundo lugar en inversión publicitaria digital, con $316 millones destinados a la promoción de 332 anuncios.
Su presencia en redes ha crecido de manera significativa, impulsada también por perfiles anónimos que respaldan su candidatura y critican al gobierno de Gustavo Petro.
El excontralor Felipe Córdoba figura en la tercera posición, con $133 millones gastados en publicidad digital, mientras compite por el aval del Partido Conservador frente al senador Efraín Cepeda, lo que ha generado fuertes fricciones en esa colectividad.
Más abajo en la lista se encuentran el exministro de las TIC Mauricio Lizcano, con $116 millones; Héctor Olimpo Espinosa, quien recientemente fue excluido del movimiento La Fuerza de las Regiones tras desacuerdos con sus antiguos aliados, con $103 millones; y el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, con $94 millones invertidos en el último trimestre.
Otros nombres relevantes en el panorama de la pauta digital son Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila, ambos con $72 millones cada uno, y Daniel Palacios, con $55 millones, respectivamente.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha retomado protagonismo al organizar las listas al Congreso de Cambio Radical, ha destinado $48 millones para promocionar 112 publicaciones en redes sociales.
En el sector progresista, Roy Barreras lidera el gasto en publicidad digital, con 103 anuncios que suman $30 millones, sin incluir las inversiones en medios tradicionales y vallas. Por su parte, en el centro político, Sergio Fajardo ha realizado pagos que superan los $21 millones en el último trimestre.
Falta de transparencia
De otro lado, el informe de Meta revelado por El Tiempo también señala la falta de transparencia en los gastos electorales previos al inicio oficial de las campañas.
Organizaciones como Transparencia por Colombia han advertido que estos desembolsos constituyen una “zona gris” que requiere mayor supervisión por parte de las autoridades.
La incertidumbre se extiende incluso a procesos internos recientes, como la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, en la que el senador Iván Cepeda obtuvo más de 1,5 millones de votos, pero no se dispone de datos definitivos sobre el dinero invertido por los precandidatos.
En este contexto, el informe citado por el diario bogotano menciona que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien finalmente se retiró de la contienda, gastó cerca de $24 millones en anuncios, aunque su aspiración presidencial se vio frustrada por la negativa de la Registraduría a inscribir un comité por firmas.
Normatividad sobre la regulación de propaganda electoral digital
El avance de la publicidad política digital ha transformado el escenario electoral, impulsando nuevas estrategias y desafíos normativos.
Desde el 31 de mayo de 2025, la Misión de Observación Electoral (MOE) precisó que, con la habilitación del registro de grupos significativos de ciudadanos, se autoriza la promoción de nombres y propuestas en redes sociales sin que ello constituya una infracción.
Este cambio marca un punto de partida para la actividad proselitista en plataformas digitales, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) equipara a los medios de comunicación social tradicionales.
Por esta razón, las disposiciones de la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475 de 2011 se aplican de manera directa: la propaganda electoral solo está permitida durante los sesenta días hábiles previos a la jornada de votación.
La regulación se vuelve aún más estricta en el caso de las campañas presidenciales. La ley 996 de 2005 establece que el inicio oficial de estas campañas debe producirse exactamente cuatro meses antes de la fecha electoral.
En este contexto, el CNE se reserva la facultad de analizar posibles conflictos legales derivados de la promoción anticipada en redes sociales. Toda publicación digital que solicite el voto o impulse partidos y candidatos puede ser considerada propaganda electoral, ya sea que se trate de anuncios gratuitos o pagos.
La autoridad electoral evalúa cada caso según el contenido y el contexto, determinando si corresponde aplicar sanciones.
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