
En el Congreso de la República, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, radicó formalmente una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debido a los bombardeos que el Gobierno nacional autorizó contra campamentos de las disidencias de las Farc, hechos que resultaron en la muerte de al menos 15 menores de edad.
Esta moción se presentó en medio de una fuerte polémica sobre las circunstancias que rodearon la operación militar y la implicación de menores en las zonas atacadas, lo que provocó controversia a nivel nacional.
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Miranda, que es una de las voces más críticas en el Congreso respecto a la protección de los derechos de los niños y niñas en el conflicto armado, fue una de las primeras en denunciar las muertes de menores durante los bombardeos, mucho antes de que el Gobierno reconociera oficialmente el hecho. La congresista también cuestionó al ministro Pedro Sánchez por la falta de medidas preventivas y por la aparente falta de información sobre la presencia de menores en los campamentos atacados.

Katherine Miranda explicó los detalles de la moción de censura a los periodistas que se encontraban a la salida del Salón Elíptico, del Congreso, y reveló que con 30 firmas de congresistas de diferentes partidos políticos, la moción se radicó oficialmente, lo que abre el camino para que el Legislativo evalúe la actuación del ministro Sánchez en relación con los trágicos hechos ocurridos.
“De todos los partidos, la buena noticia es que firmaron hasta del Pacto Histórico”, señaló Miranda. A pesar de las diferencias políticas, la moción logró reunir firmas tanto de la oposición como de congresistas del oficialismo, incluida la coalición de Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su intervención, Miranda resaltó la importancia de llevar adelante la moción de censura antes de que finalice el periodo legislativo: “Logramos las firmas de casi la mayoría de partidos políticos presentes en la Cámara de Representantes, así que esperamos que en los próximos diez días esta moción sea citada y pasados ocho días para la votación”.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, Miranda añadió que la Ley Quinta del Congreso establece plazos claros para la discusión y votación de las mociones de censura, lo que asegura que el proceso pueda llevarse a cabo sin contratiempos. “Dice que diez días a partir de la presentación de la moción de censura y posteriormente ocho días. Entonces nos dan perfectamente los tiempos para que el ministro le responda al país y al Congreso de la República”.
Esta es la razón principal de la moción de censura contra el jefe de cartera
El presidente Gustavo Petro autorizó un ataque militar contra los frentes de “Iván Mordisco” tras el fracaso de los procesos de paz con las disidencias, que decidieron abandonar las mesas de diálogo. Ante esta situación, el jefe de Estado decidió tomar medidas drásticas bajo la dirección del ministro de Defensa, lo que finalmente dio como resultado la noticia de la muerte de menores de edad en los bombardeos.
Según la Defensoría del Pueblo, los menores que murieron en los operativos militares fueron víctimas de reclutamiento forzado y no debían ser considerados objetivos militares, tal como lo estipula el derecho internacional humanitario (DIH).

La moción de censura es un mecanismo político mediante el cual el Congreso puede exigir la separación de un funcionario del Gobierno, como un ministro o superintendente, si se considera que cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo. En este caso, la representante Miranda considera que el ministro Sánchez no solo no protegió a los menores, sino que permitió bombardeos en zonas donde se sabía que había niños reclutados por grupos armados ilegales.
El proceso de moción de censura incluye un debate público en el Congreso, donde el funcionario implicado tiene derecho a defenderse, seguido de una votación. Si la moción es aprobada, el ministro deberá dejar su cargo de inmediato; este tipo de medidas, aunque difíciles de concretar en el sistema político colombiano, constituyen un control fundamental del Congreso sobre el Ejecutivo.
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