El debate público por las operaciones militares contra estructuras disidentes de las extintas Farc tomó fuerza en el país tras confirmarse la muerte de 15 menores de edad durante recientes bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro.
Las discusiones se intensificaron luego de que el jefe de Estado defendiera la continuidad de estos ataques, pese a los cuestionamientos de organismos de control y distintos sectores sociales sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la protección de menores reclutados por la guerrilla.
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En medio de este escenario, y a raíz de estos eventos recientes, la Federación para el Estado de Derecho (FEDe.Colombia) reveló documentos que muestran cómo la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) respondieron a una demanda interpuesta en enero de 2025 sobre la responsabilidad del Estado en la prevención del reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia. La acción judicial, presentada por un ciudadano y admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuestionaba si el Gobierno había incumplido su deber de prevención y protección.
De acuerdo con FEDe.Colombia, la Presidencia de la República, en su contestación a la demanda, se limitó a señalar que el aumento del reclutamiento “no obedece a acciones u omisiones recientes del Gobierno”. La fundación agregó que tampoco acreditó una efectiva respuesta en los territorios más afectados, ni la exigencia del cese del reclutamiento en las mesas de diálogo, pese a las advertencias de la Procuraduría sobre la falta de garantías para la niñez.
“No es competencia”: la tesis central del Ibfc
En su respuesta, el apoderado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) planteó que la demanda buscaba producir efectos más políticos que jurídicos. En el documento oficial, señaló que las pretensiones del demandante “obedecen a un litigio mediático orientado a impactar la opinión pública”, y no a discutir una omisión real atribuible al jefe de Estado.
En su contestación, la defensa presidencial recalcó que la demanda ignoraba la existencia de programas estatales en curso y utilizaba hechos aislados para construir una narrativa “carente de soporte jurídico y probatorio”.
Por lo anterior, en una respuesta de más de 40 páginas, la entidad detalló su marco normativo, sus programas activos y la forma como articula la prevención del reclutamiento con fuerzas militares, autoridades territoriales y organizaciones de cooperación.
Entre los puntos principales de la contestación, el Icbf:
- Afirmó que la demanda desestimaba la doctrina institucional sobre prevención del reclutamiento y las rutas de actuación vigentes, empezando por la Resolución 1930 de 2022, los lineamientos de la Dirección de Protección y los reportes al Sistema de Alertas Tempranas.
- Sostuvo que la política pública no puede evaluarse a partir de un solo episodio de violencia, pues el reclutamiento es un fenómeno “multicausal, dinámico y territorializado”.
- Señaló que el Icbf mantiene operativos sus programas de Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (PRIA) en 32 departamentos, con enfoque diferencial y presencia en zonas críticas como Putumayo, Guaviare, Cauca, Nariño y Catatumbo.
- Advirtió que, entre 2023 y 2024, se activaron más de 1.600 rutas de protección por riesgo de reclutamiento y se atendieron más de 500 menores desvinculados de grupos armados.
En su respuesta al tribunal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que la búsqueda de menores reclutados “no es de su competencia” y que su actuación se activa únicamente cuando el niño o adolescente “se desvincula o es rescatado” por otras autoridades. La entidad afirmó que ordenar acciones urgentes para enfrentar el reclutamiento forzado equivaldría a “imponerle competencias nuevas”, por lo que pidió negar las medidas cautelares solicitadas dentro de la acción popular.
El instituto también subrayó que la demanda incluía conceptos jurídicos “inexactos”, como atribuirle la responsabilidad de operaciones militares o asociar el reclutamiento exclusivamente con bombardeos, cuando se trata de un delito previo, sostenido y ejecutado por grupos armados ilegales.
La Federación para el Estado de Derecho decidió publicar la respuesta del Gobierno debido al renovado debate nacional por la muerte de menores en operaciones militares. Según la organización, “la discusión actual sobre bombardeos y reclutamiento exige revisar cómo el Estado ha respondido institucionalmente a este fenómeno”.
Aseguran que la demanda de enero de 2025 constituye un antecedente relevante en el contexto actual, pues muestra la posición oficial del Gobierno y del Icbf frente a señalamientos de fallas en la prevención del reclutamiento infantil, especialmente en zonas donde hoy se desarrollan acciones ofensivas contra disidencias armadas.
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