Universidad Nacional adjudicó millonario contrato para vigilancia por más de 70.000 millones: el ganador habría tenido cambios abruptos de puntaje

Las recientes modificaciones en los puntajes de las ofertas económicas dentro de la licitación para el contrato de vigilancia de la Universidad Nacional de Colombia han provocado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Mientras la adjudicación recayó finalmente en la Unión Temporal ANS, conformada por Sepecol Ltda. y Nápoles Ltda., la atenciónse ha concentrado en cómo un abrupto aumento en la calificación llevó a este consorcio a superar a sus competidores, pese a registros anteriores de puntajes mucho más bajos.

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El análisis de los resultados muestra que, según la evaluación del 30 de octubre, la UT Unal EAC se ubicaba en la primera posición, acumulando 997,6 puntos totales y 197,6 en el componente económico.

Sin embargo, esta puntuación descendió en el informe final a 955,9 puntos, con solo 155,9 en la oferta económica. La UT ANS 2025, por su parte, experimentó el cambio más drástico: pasó de 857,1 puntos globales y 57,1 económicos en la evaluación preliminar, a 995,3 totales y 195,3 en economía en la versión definitiva, obteniendo así el millonario contrato, valorado en $70.000 millones.

La Contraloría General de la República ya había advertido sobre la posibilidad de preferencias indebidas en el proceso, recordando el antecedente de febrero de 2025, cuando un proceso anterior por $98.614 millones fue declarado desierto con un único oferente (la UT Alianza Segura, integrada por Detección Seguridad Privada Ltda. y Seguridad El Pentágono Colombiano Ltda.), firmas que reaparecieron ese año, pero en otras agrupaciones temporales.

Al respecto, la Contraloría envió a la rectoría de la Universidad Nacional un requerimiento oficial el 12 de noviembre, exigiendo documentación detallada de cada etapa, actas, evaluaciones, cronogramas y las justificaciones técnicas de las decisiones tomadas en la contratación del servicio de vigilancia privada para todas las sedes, contrato que supera los $70.000 millones.

Según denuncias recibidas, podrían haberse producido alteraciones no autorizadas de documentos, falta de divulgación en la plataforma Secop II, requisitos excesivos para los oferentes y posibles actos dirigidos a beneficiar a una sola unión temporal, lo que vulneraría los principios de transparencia y competencia.

Una de las irregularidades más señaladas involucra la sustitución del acta de cierre, publicada inicialmente el 17 de octubre de 2025 a las 12:46 p. m. y reemplazada apenas unas horas más tarde, a las 3:06 p. m., sin emitir resolución, adenda ni aviso público.

Este reemplazo coincidió con una petición de la Unión Temporal EAC para modificar su propuesta económica y las garantías exigidas, lo que, según los denunciantes, constituye una infracción al debido proceso y representa una ventaja injusta para un participante.

“La solicitud de la Contraloría recalca la obligación de remitir todas las actas, criterios de puntaje, observaciones y respuestas oficiales del proceso, sin utilizar medios como Google Drive para la entrega”, destaca el oficio enviado, insistiendo en el cumplimiento estricto del artículo 99 de la Ley 42 de 1993. Esta disposición prevé sanciones en caso de que se omita o entregue incompleta la información necesaria para la supervisión fiscal.

Otro aspecto en controversia es la exclusión de varias compañías oferentes por demandas consideradas desproporcionadas —como certificaciones ISO prescindibles, visitas técnicas y acreditaciones de integradores tecnológicos, requisitos ajenos a la vigilancia privada según el Decreto 356 de 1994— y obligaciones contractuales sin contraprestación, aspecto que contravendría la Circular 445 de 2024 de la Supervigilancia.

La coincidencia del proceso con la temporada vacacional y la recepción de una sola propuesta encendieron más alarmas sobre la garantía de pluralidad y equidad en la convocatoria.

Frente a estas acusaciones, la Universidad Nacional de Colombia informó en un comunicado que se detectaron errores en los documentos recibidos y en la transcripción del acta de cierre.

Según la institución, estas inconsistencias fueron subsanadas “en concordancia con los principios de eficacia y publicidad” desde el 17 de octubre. “A la fecha, el acta continúa publicada en la plataforma oficial del proceso”, precisó la universidad.

Finalmente, la casa de estudios reiteró en su mensaje que todas las actuaciones se han realizado dentro del marco legal, encaminadas a asegurar la transparencia y objetividad en cada decisión administrativa.