Millonario contrato para apoyar al agro en Atlántico terminó en manos de empresas de publicidad y hasta clínicas: fueron más de 15.000 millones

El destino de más de 15.000 millones de pesos en regalías, originalmente asignados para impulsar la innovación en empresas agroindustriales del Atlántico, quedó en entredicho tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República.

Según una reciente investigación adelantada por la revista Cambio, la mayor parte de estos recursos terminó en manos de empresas sin vínculo alguno con el sector agroindustrial, entre ellas clínicas, ópticas y agencias de publicidad, lo que desató cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia en la gestión de fondos públicos en la región.

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El programa, aprobado el 12 de noviembre de 2019 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia y Tecnología del Atlántico, tenía como propósito fortalecer la capacidad innovadora de micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales mediante capacitación y la entrega de vouchers de innovación.

Estos bonos, de hasta 40 millones de pesos cada uno, debían destinarse a la adquisición de servicios tecnológicos y de innovación a través de una bolsa de proveedores seleccionados.

La meta era lograr un incremento del 0,93% en las ventas de las empresas beneficiadas. La ejecución del proyecto recayó en la Gobernación del Atlántico, entonces bajo la dirección de Elsa Noguera, y en la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación (Funcesi), que recibió 14.385 millones de pesos por operar el programa entre diciembre de 2020 y febrero de 2023. La Secretaría de Desarrollo Económico, liderada por Miguel Vergara Cabello, fue la dependencia encargada de la supervisión.

Sin embargo, la auditoría de la Contraloría, citada por Cambio, detectó que de las 82 empresas beneficiadas, 79 no pertenecían al sector agroindustrial según su Registro Único Tributario.

Esta omisión sistemática de los requisitos técnicos, según el informe, no solo invalidó la legitimidad del proceso de selección, sino que desvió los recursos y desnaturalizó el objeto del convenio. El equipo auditor señaló que esta situación contravino los términos de referencia del proyecto, ya que los beneficiarios debían acreditar domicilio en el Atlántico, actividad económica agroindustrial y solvencia jurídica.

Entre los casos más representativos identificados por Cambio figuraría Carhaz Óptical S.A.S., una IPS de Barranquilla dedicada a la salud visual, cuyo vínculo con el sector agroindustrial es inexistente. Su representante legal, Amalín Hazbún Escaf, y la representante suplente, Mayra Avendaño Hazbún, ambas con trayectoria en el diseño de modas, no respondieron a los intentos de contacto del medio.

El listado de beneficiarios también incluiría al Centro Neurológico del Norte, especializado en enfermedades neurológicas, y a Medical & Nutrition S.A.S., dedicada a la comercialización de productos medicinales y cosméticos. Ninguna de estas empresas ofreció respuesta a las solicitudes de información.

El patrón se repetiría con Hypersoft.Co S.A.S., enfocada en software clínico y empresarial, y Proteger Seguridad S.A.S., que presta servicios de vigilancia y alarmas. Martinique S.A.S., por su parte, se dedica a la producción de pasta artesanal y opera un restaurante italiano en Barranquilla.

Otras empresas, como La Casa 81 y Branding Co, se desempeñan en el ámbito digital y publicitario, respectivamente, sin relación con la agroindustria. Incluso Genética Superior del Caribe S.A.S., dedicada a la cría de ganado, no tenía registrada la actividad agroindustrial en su RUT, como exigía el programa. En todos estos casos, el diario nacional constató la falta de respuesta o la imposibilidad de establecer contacto con los responsables.

La Contraloría también identificó que varias empresas beneficiadas ni siquiera tendrían sede en el Atlántico, como Básculas y Balanzas de la Costa y Sierra Coffee (ambas en Santa Marta), Vinal Colombia y Macom Rental (en Bogotá), y la Corporación Centro de Innovación Anfibio (en Bolívar).

Además, 29 de las 82 empresas no habrían renovado su matrícula mercantil para 2025, lo que, según el órgano de control, evidenciaría la falta de idoneidad jurídica de parte de los beneficiarios. Algunas compañías solo habrían renovado su matrícula hasta 2021, periodo en el que aún recibían los subsidios, lo que pone en entredicho la efectividad de los apoyos.

El informe de la Contraloría, citado por Cambio, también señala que dos empresas que sí cumplían con el criterio agroindustrial experimentaron una caída del 48% en su facturación entre 2023 y 2024, lo que, a juicio de los auditores, refleja la ineficacia del proyecto para fortalecer la innovación en el sector.

La falta de trazabilidad sobre el uso de los vouchers y la ausencia de documentos que permitan evaluar el impacto real de los recursos entregados impiden determinar si la inversión pública cumplió su propósito.

A estas irregularidades se suma que tres entidades beneficiarias se encontraban en proceso de liquidación o bajo medidas cautelares, en contravía de los requisitos mínimos de elegibilidad establecidos en el proyecto. Pese a la gravedad de los hallazgos, ni la Gobernación del Atlántico ni Funcesi ofrecieron respuestas a las observaciones de la Contraloría.

Según Cambio, la Gobernación alegó no haber sido notificada formalmente, mientras que los canales de contacto de Funcesi permanecieron inactivos.

Como resultado de estas anomalías, la Contraloría configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por una suma superior a los 14.000 millones de pesos.