La llegada de César Julio Valencia Copete al Ministerio de Justicia marca un retorno a la primera línea política de una figura que, durante su presidencia en la Corte Suprema de Justicia, se convirtió en protagonista de uno de los episodios más tensos entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Colombia.
La designación de Valencia Copete por el Gobierno de Gustavo Petro se produce tras la salida de Eduardo Montealegre y coloca al experimentado jurista frente a desafíos que van desde la crisis carcelaria hasta la consolidación de la política de “paz total”.
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El periodo comprendido entre 2001 y 2010, cuando Valencia Copete fue presidente de la Corte Suprema, estuvo signado por la confrontación con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
La Corte, bajo su liderazgo, se mantuvo firme ante las presiones del Ejecutivo, especialmente en las investigaciones por parapolítica y el escándalo de las interceptaciones ilegales que involucraron al Departamento Administrativo de Seguridad (Das).
Durante esos años, la Corte investigó y envió a prisión a varias decenas de congresistas por sus vínculos con estructuras paramilitares, situando al tribunal y a su presidente en el centro de la atención pública.
En un informe de El Espectador se subrayó que “la Corte fue víctima de grabaciones ilegales y los poderes Ejecutivo y Judicial vivieron uno de sus mayores choques de la historia de Colombia”.
El enfrentamiento entre César Valencia Copete y Álvaro Uribe Vélez alcanzó su punto más crítico cuando el entonces jefe de Estado denunció penalmente al magistrado por supuesta revelación de información reservada. No obstante, la investigación fue archivada por falta de pruebas.
La tensión se intensificó cuando Valencia Copete denunció públicamente que Uribe Vélez intentó influir en el proceso judicial contra su primo, el exsenador Mario Uribe Escobar, que finalmente fue condenado por nexos con grupos paramilitares.
En una carta pública citada por Semana, Valencia Copete afirmó: “Falta a la verdad el expresidente Uribe cuando afirma que jamás informé a la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la llamada telefónica en la que me trató el caso Tasmania... Expresamente le informé al presidente encargado de la Corporación, Sigifredo Espinosa, que en la citada llamada, el expresidente Uribe no sólo habló del caso Tasmania, sino además de su referencia a su primo Mario Uribe”.
El escándalo de las interceptaciones ilegales, conocido como las “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reavivó las diferencias entre ambos. En ese entonces, los medios de comunicación informaron que Valencia Copete había manifestado su interés en que se esclareciera la autoría real de estas interceptaciones contra magistrados, políticos y periodistas.
Esta declaración provocó una nueva reacción de Uribe Vélez, que escribió: “El exmagistrado Valencia Copete fue a la Presidencia para que le ayudáramos a ser Presidente de la Corte ¿Se le puede creer?”.
Además, Uribe sostuvo que fue contactado dos veces en relación con el caso “Tasmania” y acusó al entonces magistrado de mentir sobre esas conversaciones, lo que derivó en una denuncia formal por injuria y calumnia. Este proceso permanece congelado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según informó El Tiempo.
La agenda que enfrenta ahora Valencia Copete como ministro de Justicia es amplia y compleja. Entre sus prioridades figuran la recomposición de las relaciones con la rama judicial, la gestión de la crisis carcelaria, el avance en la implementación de la política de “paz total” y el fortalecimiento de los lazos con Estados Unidos. El Espectador destacó el alto perfil institucional del nuevo ministro y la relevancia de su papel en un periodo de alta polarización política.
La trayectoria de Valencia Copete, con más de treinta y seis años en la rama judicial, ha estado marcada por su defensa de la autonomía de los jueces y su resistencia a las presiones externas.
Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial, ha ocupado cargos como juez municipal, juez civil del circuito, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y procurador delegado para la Contratación Estatal. Además, su labor docente lo ha vinculado a diversas instituciones académicas tanto en Colombia como en el extranjero.
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