Norma del Gobierno que elimina las licencias de construcción de vivienda tiene excepciones para quienes tienen subsidios

La expedición del Decreto 1166 del Gobierno nacional, el 4 de noviembre, generó una fuerte polémica en el sector de la vivienda social en Colombia. La nueva norma elimina la exigencia de licencia de construcción en programas de mejoramiento, autoconstrucción y construcción en sitio propio, lo que permite en ciertos casos que sea reemplazada por una “carta de responsabilidad” firmada por un profesional.

La decisión impacta a un país donde casi cinco millones de hogares enfrentan un déficit habitacional y desértó inquietud sobre el destino de más de $12,5 billones en recursos públicos que podrían invertirse en proyectos sin licencia.

Críticas y preocupaciones de Sandra Forero

Ante esto, la concejala de Bogotá Sandra Forero, expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), criticó la norma. Para ella, la medida representa un retroceso en la regulación del sector vivienda. “El Decreto 1166 es muy grave, sobre todo, en un país donde casi cinco millones de hogares se mantienen en déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo. Esta norma es terrible”, afirmó.

Según ella, la eliminación de la licencia de construcción en programas de mejoramiento y autoconstrucción implica que el cumplimiento de normas técnicas, como la sismorresistencia, ya no estará garantizado por un proceso formal, sino que dependerá de la certificación de un profesional. “Lo único que garantiza que se esté cumpliendo con normas, por ejemplo, de sismorresistencia, es la licencia de construcción. Esto va a quedar en manos de personas no idóneas, en manos de los entes territoriales y, sobre todo, van a jugar con la confianza de los hogares”, advirtió.

Gestión de los recursos públicos

Forero también cuestionó la gestión de los recursos públicos destinados a la vivienda social. Recordó que el Gobierno se comprometió a hacer 400.000 mejoramientos de vivienda, pero hasta la fecha solo otorgó subsidios para 50.000. “Imagínense ustedes que son aproximadamente $31 millones por cada vivienda. Esto, sumado, da más de $12,5 billones que se van a entregar a proyectos que no tienen licencia, a proyectos que puede ser que no cumplan la norma, a proyectos que pueden estar en zonas de alto riesgo. ¿De verdad van a usar la plata del Estado para esto?”, cuestionó.

Para la concejala, la medida incrementa los riesgos fiscales, sociales y técnicos: “Mayor riesgo en lo fiscal, porque se van a ejecutar los recursos en proyectos que no van a tener licencia. Mayor riesgo en lo social, porque las familias no van a tener cómo garantizar que sus proyectos cumplan. Mayor riesgo para la vida de las familias, porque son proyectos que no van a cumplir ni siquiera la norma sismorresistente”.

Alcance y aclaraciones del Colegio Nacional de Curadores Urbanos

En respuesta a la controversia, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos emitió un comunicado para precisar el alcance del Decreto 1166. Según el gremio, la norma expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “no elimina la exigencia de licencias de construcción para remodelaciones en Colombia, como se ha interpretado erróneamente en algunos sectores del gremio constructor”.

Según este, el decreto introduce la figura de la “carta de responsabilidad”, un documento técnico que podrá reemplazar la licencia solo en proyectos de vivienda de interés social y prioritario que tengan subsidios otorgados de manera directa por el Gobierno nacional. La alternativa aplica a modalidades como:

• Mejoramiento de vivienda.
• Vivienda progresiva.
• Construcción en sitio propio.
• Autoconstrucción bajo el programa de autogestión.

Cuándo entra en vigor la norma

Asimismo, el CNCU puntualizó que la medida aún no está reglamentada y que el Ejecutivo dispone de un plazo de seis meses para definir la implementación. Mientras tanto, la certificación del cumplimiento de normas técnicas y urbanísticas recaerá en las entidades territoriales, el Gobierno nacional y las cajas de compensación familiar. La entidad enfatizó que el régimen de licenciamiento urbanístico establecido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 sigue vigente, así como la función pública de los curadores urbanos en los municipios que han adoptado esta figura.

En cuanto a los límites de la nueva disposición, el Colegio aclaró que el Decreto 1166 no aplica a construcciones sin subsidio, en zonas de riesgo o protección ambiental, ni a vivienda rural.

Controles técnicos

Además, insisitó en que la “carta de responsabilidad” no elimina los controles técnicos, sino que traslada la obligación de certificar el cumplimiento normativo a los profesionales responsables del diseño y ejecución de las obras, quienes deberán asumir las consecuencias legales de cualquier incumplimiento.

“La función de los curadores urbanos se mantiene intacta”, señaló el Colegio Nacional de Curadores Urbanos al reafirmar su compromiso con la seguridad jurídica, la correcta aplicación de la normativa urbanística y la protección de la vida humana.