Jennifer Pedraza presentó tutela contra el Ministerio de Educación por escándalo de la Fundación San José y Juliana Guerrero: “¿Qué esconde el Ministerio?”

Las autoridades educativas de Colombia han abierto un proceso administrativo para examinar el actuar de la Fundación Universitaria San José, así como de quienes lideran y representan legalmente a esta institución. El procedimiento surge tras la detección de posibles irregularidades relacionadas con la entrega de diplomas universitarios.

Uno de los expedientes en análisis involucra a Juliana Guerrero, postulada por el Gobierno Petro para ser viceministra del Ministerio de la Igualdad. Guerrero figuraba como beneficiaria de al menos dos títulos pese a no reunir, según la normativa nacional, las condiciones que exige la legislación colombiana de educación superior.

Pero esa investigación tiene sospechas para algunos congresistas. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, interpuso una tutela dirigida al Ministerio de Educación, buscando claridad sobre la investigación que involucra a la Fundación San José tras la polémica por los títulos otorgados a Juliana Guerrero. Pedraza expresó su inquietud con la pregunta: “¿Qué esconde el Ministerio?”

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A través de su cuenta en X, Pedraza manifestó su frustración respecto al acceso a la información sobre las acciones del Ministerio de Educación en torno a la investigación a la Fundación San José.

Pedraza cuestionó si es factible conseguir datos sobre la institución universitaria sin recurrir a instancias judiciales y explicó que se vio obligada a presentar una nueva tutela para conocer el alcance de las pesquisas oficiales.

“¿Será posible obtener información de la San José sin pasar por un Juez? Tuve que presentar otra tutela, esta vez en contra del @Mineducacion, para saber qué va a indagar sobre la San José”, escribió en su mensaje la congresista.

También criticó la actuación del Ministerio de Educación, señalando deficiencias tanto en el control institucional como en la atención de solicitudes formales sobre el caso.

Asimismo, cuestionó la falta de pronunciamiento del Ministerio respecto al nombramiento de Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

“Sus labores de inspección y vigilancia parecen cortas y ahora ni cumplen con responder un simple derecho de petición. ¿Qué esconde el Ministerio? Bueno, además de su silencio sobre la designación de Juliana Guerrero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En el texto de la tutela presentada, Jennifer Pedraza argumentó que, utilizando los canales virtuales oficiales, envió un derecho de petición al Ministerio de Educación solicitando información precisa sobre la indagación que involucra a la Fundación Universitaria San José y a Juliana Guerrero.

“El 23 de septiembre de 2025 radiqué mediante canales virtuales derecho de petición ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL”, se lee en el documento que Pedraza compartió en la misma publicación con el mensaje antes citado.

En relación con la investigación, el Ministerio de Educación oficializó el inicio del proceso a través de la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025. El origen de esta medida se encuentra en los resultados obtenidos durante inspecciones realizadas por la entidad, donde se detectaron al menos tres diplomas universitarios emitidos bajo circunstancias irregulares.

Los registros analizados muestran que dos personas recibieron su título sin haber presentado el examen de estado requerido y, en un caso adicional, la evaluación se realizó en una fecha posterior a la expedición del respectivo diploma.

De acuerdo con los registros, Juliana Guerrero y Carlos Alberto Mendoza Siachoque no realizaron el examen exigido por las normas, mientras que Laura Julieth Martínez Morales —identificada en redes como @LaJulietaMM— presentó dicha prueba una vez ya había obtenido su diploma de grado. Las autoridades destacaron la gravedad de estas irregularidades al señalar: “La expedición de los títulos (...) se dio presuntamente sin cumplir los requisitos para ello vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.