Todo inició tras la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivar la investigación contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del proceso conocido como el “carrusel de las pensiones” en el departamento de Córdoba.
El despacho del magistrado Francisco Farfán ordenó la práctica de nuevas pruebas testimoniales en el expediente, con el objetivo de esclarecer la supuesta participación del alto funcionario en delitos de concusión y tráfico de influencias.
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Entre los llamados a dar testimonio figuran Álvaro Burgos del Toro, Guillermo Raúl Rhenals, Catherine Cogollo y Leonardo Pinilla, este último abogado procesado en el escándalo del Cartel de la Toga.
Los dos primeros, Rhenals y Burgos del Toro, cumplen condenas de 22 y 17 años de prisión respectivamente por su papel en el desfalco al magisterio cordobés, uno de los episodios de corrupción más relevantes en la historia de esa región.
Tras lo anterior, el abogado y político Enrique Gómez dio su opinión y le recordó a Benedetti los delitos por los que actualmente está siendo investigado. “Increíble que sea ministro del Interior”, afirmó.
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Gómez señaló que sobre Benedetti pesa una investigación judicial por varios delitos relacionados con su gestión pública.
Entre los cargos que mencionó se encuentran “cohecho propio, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión”.
En palabras del abogado, la Fiscalía examina si Benedetti incurrió en la exigencia de dinero para facilitar trámites ante la Fiduprevisora. Además, mencionó presuntos intereses indebidos en contratos estatales, como los del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la adjudicación de obras de vivienda social.
Gómez recalcó que “la acumulación de investigaciones debería ser incompatible con cualquier cargo de alta responsabilidad pública”.
Los señalamientos se producen en medio de la controversia por el allanamiento que le hicieron a la residencia de Armando Benedetti en el departamento del Atlántico el 11 de noviembre de 2025, lo cual sacudió la esfera política en Colombia.
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Estas son las otras investigaciones que pesan en contra de Armando Benedetti
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrenta seis procesos más en la Corte Suprema de Justicia que abarcan presuntas irregularidades ocurridas durante su paso por el Senado.
Recientemente la Sala Especial de Instrucción de la Corte ordenó el allanamiento de un apartamento de su propiedad en Barranquilla, hecho vinculado a la revisión de posibles favorecimientos vinculados a su gestión como congresista.
Entre las investigaciones, la primera se centra en presuntos actos inapropiados relacionados con Electricaribe y la Electrificadora del Meta (Emsa). Según informó Caracol Radio, la Corte indaga si Benedetti habría ejercido influencia con propósitos políticos sobre estas entidades.
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Un segundo expediente examina la participación del actual ministro en la promoción de una norma presuntamente favorable para la empresa Simetric S.A., responsable de certificar la aptitud psicofísica de vigilantes armados; el informe señala que en este caso también se examina la actuación de otros excongresistas.
Otro de los procesos investiga una supuesta red de compra de votos en Maicao, La Guajira, durante los comicios de 2018. “Existen interceptaciones telefónicas que servirían para esclarecer si Benedetti fue uno de los beneficiados”, detalló el medio citado.
El cuarto caso está relacionado con supuestos actos ilícitos en la prestación del servicio de salud para maestros, mientras que la quinta investigación explora posibles anomalías en el crecimiento patrimonial del ministro.
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Los reportes consignan que Benedetti habría adquirido un apartamento valorado en más de 3.000 millones de pesos, supuestamente con un préstamo otorgado por el empresario Euclides Torres. La Corte busca definir la naturaleza exacta de esas transacciones.
El expediente más avanzado involucra al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Benedetti, en su rol de congresista, habría intervenido para que la Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.), una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, resultara favorecida con un contrato de 1.065 millones de pesos. El acuerdo tiene fecha del 1 de agosto de 2017.
Las pesquisas de la Corte Suprema continúan, mientras el ministro se mantiene en su cargo.
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