390 indígenas embera que residen en la UPI La Rioja están en grave riesgo: autoridades atienden a niño que se cayó del segundo piso

El concejal del Nuevo Liberalismo Jesús Araque hizo un llamado urgente a los líderes de la comunidad embera para que acepten las ofertas de reubicación presentadas por el distrito y evacúen de inmediato la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja en Bogotá.

El planteamiento del cabildante surge ante el grave riesgo estructural, eléctrico y sanitario que presenta el inmueble, afectando la seguridad e integridad de las cerca de 390 personas que aún permanecen allí, entre ellos niños, niñas, adultos mayores y mujeres.

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“Estamos hablando de que la vida de cerca de 390 indígenas, entre ellos niños, niñas, adultos mayores y mujeres está en riesgo. El inmueble no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a esta comunidad y por ello la alcaldía les ha ofrecido alternativas individuales de arriendo en condiciones dignas”, advirtió el concejal, insistiendo en que la permanencia de la población en La Rioja representa un peligro inminente y que la administración distrital mantiene abierta la opción de acceso a subsidios y alternativas de alojamiento temporal.

Cabe recordar que el 4 de noviembre de 2025, la Corte Constitucional emitió un auto en el que expresa: “la Sala observa que la situación en la UPI-La Rioja es de alto riesgo y requiere una medida inmediata, pues en cualquier momento, y durante el trámite de revisión, puede ocurrir: una explosión, caída de techos y, en general, muertes individuales y/o masivas”. Tanto la Corte como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han ordenado la evacuación efectiva e inmediata del predio.

En el fallo de tutela notificado el 28 de mayo de 2025 por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado 1001133333073202500010/01), se dispuso la “evacuación efectiva e inmediata de la comunidad embera” y se reiteró que la presencia prolongada en el lugar magnifica los riesgos identificados, comprometiendo gravemente la salud y la integridad de todos los habitantes, en especial los niños, niñas y adolescentes.

La Corte Constitucional también señaló en su fallo que “a la comunidad embera y a la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación que, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúen el traslado de los integrantes de la comunidad”. El concejal solicitó, además, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la disposición de un predio en la ciudad que pueda servir de refugio temporal para la comunidad, conforme lo ordenado por la Corte Constitucional.

Las evaluaciones técnicas realizadas por el distrito revelan que el inmueble presenta condiciones críticas en materia estructural, eléctrica y sanitaria, generando un peligro inminente para la vida, integridad y seguridad de quienes permanecen allí. Ante esta situación, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) reiteró a las familias embera a salir del predio, subrayando la necesidad de hacerlo de manera voluntaria e inmediata en favor de la vida y la protección humanitaria de todos los ocupantes.

“Ante el inminente riesgo que corren estas familias, hoy le hago un llamado humanitario a los líderes de la comunidad embera para que efectúen la salida de la UPI La Rioja de manera inmediata y voluntaria. De igual manera, le solicito a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que ubique un predio en la ciudad que sirva de refugio temporal para esta comunidad, en caso de que se necesite, tal como lo ordenó la Corte Constitucional”, concluyó Araque.

La problemática de la comunidad embera en Bogotá no es reciente. En septiembre de 2025, cerca de 1.500 indígenas embera retornaron a sus territorios tras un proceso de acompañamiento y retorno voluntario liderado por la administración de Carlos Fernando Galán. Sin embargo, cerca de 390 personas rechazaron dicha oferta y decidieron permanecer en el predio de La Rioja.

La precaria situación quedó aún más evidenciada el 9 de noviembre de 2025, cuando un niño de cinco años de la comunidad sufrió una caída desde el segundo piso de la UPI La Rioja. Según informó la Secretaría Distrital de Integración Social, el padre del menor inicialmente se negó a la atención, por lo que fue necesario un abordaje conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el equipo de Ciudad Niñez para activar los protocolos y garantizar la atención médica.

Según la información proporcionada por la entidad distrital, el menor recibió primeros auxilios y fue trasladado al Hospital Santa Clara, donde permanece bajo observación, mientras las entidades brindan acompañamiento psicosocial y familiar.

El hecho sirvió para que desde la administración se reiterara que la UPI La Rioja no cuenta con las condiciones mínimas necesarias para la habitabilidad, el saneamiento ni la seguridad de las familias indígenas. Por ello, el distrito ha ofrecido alternativas dignas para la reubicación o integración local de las familias, priorizando la protección y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y personas gestantes.

“El cuidado de los niños es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. La protección, cuidado y garantía de derechos de los niños y niñas debe ser prioridad de la sociedad en su conjunto”, enfatizó Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, reafirmando el compromiso con la garantía de los derechos de la infancia, tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución Política.