La Unión Popular de Trabajadores (UPT) y el concejal José Cuesta manifestaron su preocupación y rechazo ante la decisión de despedir a más de 400 empleados vinculados al servicio de aseo en Bogotá, en el contexto del convenio interadministrativo entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), ASEO y Aguas de Bogotá S.A. E.S.P..
La organización sindical calificó la medida como injusta y arbitraria, denunciando lo que considera un patrón de hostigamiento y persecución laboral por parte de la empresa, afectando los derechos laborales y la dignidad de quienes prestan un servicio fundamental para la ciudad.
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La UPT sostiene que estos despidos impactan especialmente a padres y madres cabeza de familia, personas con enfermedades laborales y adultos mayores, quienes ven gravemente comprometido su sustento. “Cada despido representa una historia de sacrificio y esfuerzo que no puede ser ignorada”, señaló la organización en un comunicado público al referirse a la magnitud social de la decisión.
El sindicato también denunció la falta de socialización y transparencia en la finalización del proyecto actual y en la información sobre la implementación de un nuevo esquema de operación. Según la UPT, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene conocimiento de lo sucedido tanto en el interior de la empresa como en la gestión del convenio, participando de manera directa o por omisión en la situación que pone en riesgo a centenares de familias capitalinas.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es lo que la UPT denomina un intento de desmantelamiento sindical. Más de 120 de los trabajadores despedidos son afiliados a la organización, entre ellos varios con fuero sindical. “Esta ofensiva busca silenciar las valientes denuncias sobre las violaciones a los derechos laborales y la gestión inadecuada de los recursos públicos por parte de la empresa y del Idrd”, indicó la junta directiva de la UPT.
Las acciones tomadas por la empresa han provocado inconformidad en los sectores sindicales, quienes han reiterado su disposición al diálogo y la concertación. Sin embargo, de acuerdo con la UPT, tanto Aguas de Bogotá como el Idrd han ignorado los llamados a mesas de concertación social promovidas por el Ministerio del Trabajo, lo que es interpretado como falta de voluntad para establecer canales de comunicación efectivos y atender las legítimas demandas de los trabajadores.
Durante manifestaciones públicas, líderes sindicales insistieron en que se trata de una “masacre laboral” al impedir la continuidad de empleados con más de una década de servicio. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el respaldo fue explícito:
“Rechazamos la masacre laboral que está sucediendo en este momento en Aguas de Bogotá. Exigimos el reintegro de los trabajadores. Demandamos diálogo y negociación con el sindicato UPT, y que el Ministerio del Trabajo realice todas las acciones para que la entidad respete el trabajo en Colombia”.
La discusión adquiere mayor relevancia con el anuncio de la entrada en vigencia de la libre competencia para la prestación del servicio de aseo en Bogotá a partir del 11 de febrero. Voceros de la UPT advierten que, bajo este modelo, operadores privados tienden a concentrarse en sectores más rentables, lo que podría dejar a aproximadamente dos millones de habitantes de barrios empinados y de difícil acceso sin servicio de aseo regular.
El sindicato subraya que, en ese contexto, los trabajadores de Aguas de Bogotá seguirán siendo esenciales para cubrir estas zonas y propone fortalecer la planta laboral, sugiriendo la contratación de hasta 2.000 empleados adicionales, en concordancia con la nueva reforma laboral.
Finalmente, la organización hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para concertar estrategias que garanticen la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad laboral. El sindicato invita a negociar condiciones que permitan el cumplimiento de la reforma laboral y la inclusión de más trabajadores para hacer frente a los desafíos logísticos y sociales que implica la libre competencia en la prestación del aseo en la capital del país.
La UPT ratificó que continuará movilizándose y exigiendo diálogo hasta lograr condiciones dignas y el reintegro de los afectados, en defensa tanto de los derechos de los trabajadores como de la calidad del servicio para los bogotanos.
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