El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, registró un cambio relevante tras la decisión de remover a la fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez, que hasta ese momento lideraba la investigación.
La medida, confirmada en el Juzgado 37 de control de garantías de Bogotá, respondió a cuestionamientos sobre la claridad y precisión en la formulación de cargos.
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La Fiscalía General de la Nación oficializó el cambio durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como el presunto responsable del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre.
La remoción de Ruiz Sánchez se produjo después de críticas expresadas tanto por el juez de garantías, José Alejandro Hofmann, como por Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima.
Rincón manifestó su preocupación por la falta de precisión en la exposición de la Fiscalía, advirtiendo: “Se están usando conceptos gaseosos. Lo que se quiere aquí es que la comunicación de la Fiscalía sea clara”.
Esta observación motivó un receso en la audiencia, durante el cual la fiscal solicitó tiempo adicional para revisar su argumentación.
Tras la pausa, aunque se ajustaron algunos aspectos de la imputación, el despacho judicial continuó expresando dudas sobre la explicación presentada.
El juez Hofman subrayó la importancia de evitar prácticas inadecuadas en la labor de la Fiscalía, señalando: “La labor de nosotros como jueces de control de garantías es evitar la mala praxis de la Fiscalía a partir de una conducta poner otras”.
Por su parte, El Tiempo recogió la advertencia del juez sobre el riesgo de “imputaciones infladas”, es decir, la tendencia a agregar delitos o circunstancias agravantes que no corresponden estrictamente a los hechos. Además, el juez cuestionó la falta de claridad sobre los móviles del crimen, indicando que la exposición de la fiscal se limitó a suposiciones sin detallar los motivos concretos de la acción.
En respuesta a estos señalamientos, la Fiscalía intentó aclarar la formulación de cargos, pero el juez rechazó la posibilidad de repetir la imputación, permitiendo únicamente precisiones para mejorar la explicación.
Ruiz Sánchez reiteró que la acusación contra Suárez Ortiz es por homicidio agravado, argumentando que la víctima fue atacada por varios sujetos con fuerza desproporcionada, lo que la dejó en estado de indefensión.
El procedimiento institucional tras la remoción de la fiscal el caso pasó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá a la unidad Vida, especializada en delitos de homicidio.
Este traslado implica que un nuevo fiscal asumirá la investigación en adelante, mientras la Fiscalía solicitó que Suárez Ortiz sea enviado a prisión preventiva durante el desarrollo del proceso.
El impacto de este cambio fue notorio para las partes involucradas. La familia de Jaime Esteban Moreno, que ha pedido celeridad y transparencia en el proceso, agradeció el acompañamiento institucional y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos que han conmocionado a la comunidad universitaria.
Las autoridades estiman que, de ser hallado culpable, Suárez Ortiz podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de cárcel.
La intervención del juez y las exigencias planteadas durante la audiencia establecieron un estándar más estricto para la presentación de los hechos, resaltando la importancia de la precisión y el rigor en la labor de los organismos de investigación.
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