El Gobierno Petro tiene la responsabilidad de la crisis de los medicamentos en Colombia, aseguró la Defensoría del Pueblo

El acceso a medicamentos esenciales en Colombia se encuentra en una crisis estructural que está golpeando con más fuerza a las poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad.

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe, presentado el 5 de noviembre, que alerta sobre un deterioro sostenido en la entrega de fármacos por parte del sistema de salud.

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Aunque no existe escasez generalizada de medicamentos, los pacientes enfrentan cada vez más trabas para acceder a ellos por el canal institucional, lo que obliga a muchos a comprarlos directamente en el mercado comercial, con un fuerte impacto sobre sus ingresos familiares.

En entrevista con La FM, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue categórica: “La responsabilidad principal es del Gobierno Nacional”. Según la funcionaria, el Estado debe asumir el liderazgo para garantizar la disponibilidad y dispensación oportuna de los medicamentos.

“La inequidad social y económica es una causa estructural del problema. Mientras persista, será difícil garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud”, afirmó. Marín Ortiz sostuvo que la combinación de falta de transparencia, descoordinación y vacíos en la gestión pública ha generado “regresividad y desigualdad” en el sistema.

Aunque reconoció la participación del sector privado, subrayó que el Gobierno es quien debe encabezar las reformas para evitar que la crisis se siga profundizando.

El informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia” se basó en 3.449 encuestas aplicadas en puntos de dispensación y contó con la colaboración del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud.

El estudio revela que los departamentos más afectados por las vulneraciones al derecho a la salud son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia.

A estos se suman La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío, donde también se identifican graves dificultades en la entrega de medicamentos.

La Defensoría advierte que la falta de entrega oportuna de seis fármacos esenciales —metformina, valsartán, insulina glargina, quetiapina, ácido valproico y ácido fólico— puede representar entre el 7% y el 90% del ingreso mensual de una persona.

Esta carga económica, subraya el informe, pone en riesgo derechos básicos como la alimentación, la educación y la vivienda digna. Hasta septiembre de 2025, se habían reportado 584 medicamentos no entregados, y casi la mitad de esos casos seguía sin resolverse.

Además, el 61% de los encuestados declaró haber tenido que adquirir los medicamentos por cuenta propia, siendo la metformina, el valsartán y el losartán los más reportados como no entregados.

El impacto del colapso institucional también se refleja en el ámbito judicial. En los últimos cinco años y ocho meses, la Corte Constitucional ha recibido más de un millón de tutelas por el derecho a la salud.

Solo en 2025, el 33,85% de las acciones judiciales interpuestas correspondió a este derecho, y el 36,82% estuvo vinculado a la entrega tardía de medicamentos o insumos médicos.

Entre las principales causas de la crisis, la Defensoría señala la opacidad financiera de las EPS e IPS, los retrasos en los pagos, la distorsión de la cadena logística y las barreras administrativas derivadas de cambios en los gestores farmacéuticos.

“El sistema no tiene un problema de escasez, sino de disponibilidad por el canal institucional”, explicó Marín Ortiz. Entre 2022 y 2025, la entidad recibió 107.000 quejas por temas de salud, mientras que la Superintendencia Nacional de Salud tramitó cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos.

Para enfrentar la crisis, la Defensoría propuso seis medidas: una reforma estructural del sistema, una coordinación interinstitucional efectiva, mayor transparencia en la rendición de cuentas, atención con enfoque territorial, vigilancia ciudadana y fortalecimiento institucional y judicial.

Marín Ortiz explicó que el estudio busca ofrecer soluciones tanto inmediatas como estructurales, e incluye propuestas concretas como la creación de un listado de medicamentos esenciales por territorio, el uso de la red pública hospitalaria para la dispensación y un mecanismo de reembolso para los pacientes que deban acudir al canal comercial. “El Gobierno dijo que las veía con buenos ojos y eso es positivo”, comentó.

Durante la presentación del informe, la defensora advirtió que la polarización política se ha convertido en un obstáculo para adoptar medidas efectivas.

“La polarización en el debate está llevando a que los puntos se extremen y no se pueda llegar a acuerdos sobre qué hacer”, dijo. Consultada sobre posibles acaparamientos con fines políticos, aclaró que el documento no contiene evidencia que respalde esa hipótesis.