En la mañana del martes 4 de noviembre de 2025, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra la senadora María Fernanda Cabal.
La acción se fundamentó en declaraciones públicas de Cabal que, según la concejala, niegan la implicación estatal en el exterminio de la Unión Patriótica y desconocen una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Entre los puntos cruciales del documento radicado se destacan el llamado a la responsabilidad política y jurídica y la protección de la verdad judicial en torno al caso de la UP, un tema de especial sensibilidad por la historia de violencia política en el país.
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En entrevista concedida a Infobae Colombia, Sánchez explicó: “Lo primero que debería hacer la senadora María Fernanda Cabal es pedir excusas públicas a las víctimas y sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La concejala enfatizó que el negacionismo, lejos de ser una simple opinión política, representa una expresión de violencia simbólica que reabre heridas y revictimiza a quienes sufrieron persecución.
La solicitud elevada a la Procuraduría tiene el propósito de que se ejerza el poder preferente disciplinario ante lo que los denunciantes describen como expresiones que violan el bloque de constitucionalidad y el derecho fundamental a la honra, protegido por la Constitución Política. Según el documento firmado por Sánchez y por varios integrantes de la UP, declaraciones recientes de Cabal, tales como calificar a la Corte IDH como una “ONG lobista” y sugerir que el Gobierno busca deshacer reconocimientos a víctimas, no solo menoscaban la confianza en las instituciones del Estado, sino que afectan de manera directa a las víctimas del genocidio político.
Sobre la pertinencia de medidas de reparación más allá de lo disciplinario, Sánchez expresó a Infobae Colombia que: “Lo mínimo es que la senadora se retracte, y pues ella y su partido, que ya en varias oportunidades este mismo año se han dedicado a revictimizar a la Unión Patriótica, y además que ella pretende ser candidata presidencial y pues lo mínimo es que en respeto a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no normalice lo que podría llegarse a ver incluso como una justificación, si se quiere, de un genocidio político en contra de un partido político”.
Es importante señalar que el documento dirigido al Ministerio Público solicita que se investigue si las expresiones de la senadora constituyeron faltas que ameriten la intervención disciplinaria conforme a la Ley 1828 de 2017, especialmente en lo que respecta a la protección de la moralidad pública del Congreso y la dignidad de las víctimas de la UP. También se recuerda que la responsabilidad estatal en estos crímenes fue reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por fallos del Consejo de Estado, siendo la más reciente del 14 de julio de 2022.
Sobre el rol institucional y la necesidad de sentar precedentes, Sánchez expresó: “Lo primero es que es importante que el Estado pueda dar a conocer el fallo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las principales órdenes que debe cumplir el Estado colombiano. Dos, es importante que las personas que se encuentran en cargos de elección popular y personas que se encuentran asumiendo cargos de libre nombramiento y remoción o que tienen un amplio reconocimiento en el país, asuman como tal una responsabilidad con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en nuestro país. Que mensajes como esto lo que hacen es revictimizar y, sobre todo, naturalizar o normalizar el hecho de que en este país haya ocurrido un genocidio político, un genocidio en contra de un partido político que debería ser rechazarse al unísono”.
Finalmente, la petición realizada por Sánchez fue respaldada por varios integrantes de la Unión Patriótica, quienes solicitaron el acompañamiento institucional del Estado colombiano y el traslado inmediato del caso al despacho del procurador Eljach para su estudio conforme a la normatividad vigente.
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