Presidente de la Corte Constitucional, tras declaraciones de Petro sobre la toma al Palacio de Justicia: “No fue una acción genial, sino demencial”

En la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, afirmó que el ataque del M-19 fue un acto terrorista y no una “genialidad”, como lo había calificado el presidente Gustavo Petro.

Su discurso, pronunciado en la Universidad Externado de Colombia, enfatizó en que la verdad no puede ser distorsionada y que la justicia aún mantiene deudas con las víctimas de 1985.

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Durante la jornada académica llamada “Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos”, los presidentes de las altas cortes recordaron los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19 y posteriormente retomado por la fuerza pública. El magistrado Ibáñez calificó aquellos días como “una herida fundacional que redefine cómo entendemos el Estado de derecho, la autoridad pública y la fragilidad de nuestras democracias bajo presión“.

El presidente de la Corte Constitucional recordó que, para esa época, la Corte Suprema de Justicia también cumplía funciones de control constitucional y enfrentaba amenazas del narcotráfico y de grupos armados. Por ello, destacó que las investigaciones judiciales y los informes de la Comisión de la Verdad coinciden en que el principal responsable de la toma del Palacio fue el movimiento guerrillero M-19, que ejecutó el operativo armado para adelantar un juicio político al entonces presidente de la República.

“El M-19 profanó violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a civiles que se hallaban en el Palacio, el cual convirtió en campo de batalla”, indicó Ibáñez.

“Se ha querido deformar la historia de lo ocurrido”: magistrado Ibañez

El discurso hizo un guiño a las declaraciones de Gustavo Petro, que cuando era comandante del M-19, ofreció una entrevista a Noticias Caracol en la que se refirió a la toma del Palacio como “una genialidad”.

En respuesta a esa versión, Ibáñez advirtió: “No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial”. La frase fue interpretada como una alusión directa al comentario atribuido al presidente Petro, exintegrante del M-19.

El magistrado recalcó que varias decisiones judiciales del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han calificado el ataque como un acto terrorista. A su juicio, la toma violó de manera flagrante las normas del Derecho Internacional Humanitario, al atacar un bien civil y utilizar rehenes como escudos humanos. “El comando del M-19, al ordenar una determinada ubicación a los rehenes que se encontraban en el baño, cometió una infracción con la utilización de escudos humanos”, señaló.

Responsabilidades del Estado y deudas judiciales

En su intervención, Ibáñez abordó también las condenas al Estado colombiano por su actuación durante la retoma. “El Estado colombiano ha sido condenado judicialmente por la acción desmedida en la retoma del Palacio de Justicia, ejecutada de manera improvisada, irrazonable y ciega, con un despliegue militar excesivo y sin atender el pedido de cese al fuego formulado por los magistrados de las altas cortes”, afirmó.

Agregó que solo hasta el año 2000 se iniciaron investigaciones penales contra miembros de las Fuerzas Militares por los hechos de la retoma y que persisten vacíos judiciales, como la falta de procesos contra quienes retiraron la seguridad del Palacio antes del ataque y la identificación incompleta de varios cuerpos de las víctimas. “Muchos interrogantes siguen sin respuesta”, indicó.

El magistrado también citó la sentencia Rodríguez Vera y otros vs. Colombia (2014), en la que la Corte Interamericana concluyó que el Estado violó los derechos de las víctimas al no garantizar justicia ni verdad plena. “El Estado faltó a su deber de investigar, sancionar y evitar la impunidad”, recordó Ibáñez, señalando que esa decisión “no es pasado: es un espejo que nos confronta hoy”.

Llamado a la verdad y a la defensa institucional

Hacia el final de su intervención, Ibáñez advirtió sobre los riesgos que enfrenta la justicia frente a la desinformación y los discursos que deslegitiman su papel. “Los discursos de odio contra jueces, la sospecha permanente contra la institucionalidad y la normalización de la violencia política son síntomas que no podemos trivializar. La destrucción del Estado de derecho nunca es instantánea; ocurre cuando se vuelve aceptable erosionar a quienes están llamados a decidir conforme a la Constitución”.

El magistrado concluyó su intervención con un llamado a la memoria y a la verdad como compromisos democráticos. “Que este aniversario no sea una ceremonia, sino una advertencia para el presente”, dijo, subrayando que un país sin memoria “siempre vuelve al punto donde dejó de decir la verdad”.