
La situación de la Nueva EPS en Antioquia continúa agravándose.
Según información de El Colombiano, Nueva Eps —intervenida por el Gobierno Nacional desde abril de 2024— se ha convertido en el principal dolor de cabeza de la red hospitalaria pública y privada del departamento, dejando a miles de pacientes sin atención oportuna.
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Uno de los casos que evidencia esta crisis es el de Ofelia González, una mujer de 89 años residente en Medellín. Su familia relató al medio que, tras presentar síntomas de isquemia cerebral, la adulta mayor fue trasladada en ambulancia por toda la ciudad en busca de atención. “Mi abuela está en la Nueva EPS y en ningún hospital del área metropolitana la atendían; solo en el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello”, explicó su nieto, Esteban Vanegas, a El Colombiano.
El traslado fue largo y, al llegar al hospital, la sala de urgencias estaba completamente saturada. Vanegas denunció que “alrededor de 200 personas de la Nueva EPS estaban esperando atención, algunas desde municipios del oriente y norte de Antioquia”. La mujer pasó horas en una silla, con oxígeno, sin poder acceder a una cama.
Además de los problemas en atención hospitalaria, la familia reportó que, desde la intervención estatal, los medicamentos de alto costo que Ofelia recibía comenzaron a llegar incompletos o con retrasos, lo que ha obligado a sus familiares a cubrir parte de los tratamientos con recursos propios.

De acuerdo con cifras citadas por El Colombiano, la Personería de Medellín ha acompañado este año más de 2.500 tutelas interpuestas por usuarios de la Nueva EPS. También registra 1.140 incidentes de desacato, reflejo de la falta de cumplimiento en la entrega de servicios y tratamientos médicos.
El ente de control alertó sobre “retrasos en la asignación de citas, demoras en cirugías y entrega de medicamentos, así como fallas en la continuidad de tratamientos”, lo que ha desbordado las urgencias y congestionado los hospitales de la ciudad.
Con corte a junio de 2025, la red pública hospitalaria de Medellín reportaba deudas superiores a $9.518 millones, mientras que los prestadores privados señalaban una cartera pendiente de $115.132 millones. Frente a este panorama, la Personería emitió una alerta el 23 de octubre, advirtiendo que el funcionamiento de la entidad “pone en riesgo la integridad de la red hospitalaria de la ciudad”.

El personero Mefi Boset Rave Gómez indicó a El Colombiano que “la situación de la Nueva EPS afecta directamente el derecho fundamental a la salud de poblaciones vulnerables, como adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas”.
Por fuera de Medellín, el panorama no mejora. La secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, señaló al diario que los pasivos combinados de la Nueva EPS y Savia Salud superan los $1,9 billones, mientras que la cartera en la red privada roza los $3 billones. “Eso no lo soporta nadie. Es una pandemia de iliquidez en el sistema, causada por decisiones improvisadas del Gobierno Nacional”, afirmó la funcionaria.
En las últimas semanas, varias clínicas han suspendido servicios a la Nueva EPS. La IPS Promedan, que opera la Clínica Fundadores del Centro, denunció una deuda de $19.000 millones, mientras que la Clínica Somer en Rionegro restringió la atención por una cartera de $100.000 millones. “Esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio y el pago de nómina de nuestros colaboradores”, explicó a El Colombiano el gerente Alfredo Méndez.
A estos casos se suman siete hospitales públicos que en septiembre lanzaron un ultimátum por deudas acumuladas de $60.000 millones, entre ellos los de Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío y Turbo.
Ante el colapso financiero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una acción popular contra el Gobierno Nacional, denunciando una deuda total de $169.831 millones de varias EPS intervenidas. “¿Eso era lo que querían? ¿Sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud?”, cuestionó el mandatario.
A pesar de que un juez ordenó a la Adres y a la Superintendencia Nacional de Salud coordinar medidas para aliviar la deuda, la secretaria Ramírez señaló que “esas órdenes parecieran haber caído en saco roto”.
La funcionaria advirtió además que el caos administrativo “ha dilatado los tiempos de espera en citas, autorizaciones quirúrgicas y entrega de medicamentos”.
Los hospitales de mayor complejidad, como el Pablo Tobón Uribe y el San Vicente Fundación, han reportado sobreocupaciones del 200% y 180% respectivamente, según reveló El Colombiano. Aunque han logrado sostener sus servicios, la presión financiera y la falta de pago de las EPS intervenidas amenazan su estabilidad.
Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando largas filas, demoras en la entrega de medicamentos y hospitales colapsados, reflejo de una crisis que, según las autoridades, no muestra señales de mejora.
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