Investigan denuncias de corrupción en la División de Asalto Aéreo del Ejército en el mantenimiento de los helicópteros M-17 y los Black Hawk

Una auditoría interna del Ejército colombiano ha revelado presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción en la División de Asalto Aéreo (Davva).

Los hallazgos, obtenidos por Semana, afectan la gestión de contratos de mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves, y han puesto en duda la eficacia de los controles internos y la transparencia en una de las unidades más estratégicas de las Fuerzas Armadas.

El informe de auditoría, revisado por oficiales, suboficiales y civiles, detalla una serie de fallas graves detectadas entre agosto de 2022 y 2024.

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Entre los principales hallazgos, destaca la desaparición temporal de motores de aeronaves, inconsistencias en la documentación de exportación y mantenimiento, y debilidades en la trazabilidad de los bienes.

Por ejemplo, el motor 7980IC del avión Commander 1108 fue retirado el 18 de agosto de 2022, pero solo se entregó al almacén y se registró en el sistema contable SAP un año después, sin que existiera supervisión o control durante ese periodo.

Un caso similar ocurrió con el motor 79807C, que permaneció cuatro meses sin vigilancia antes de su registro formal.

“Se evidenció que el mismo (79807C) fue removido de la aeronave EJC-1108 el 28 de agosto de 2023, pero hasta el 7 de noviembre de 2023 fue entregado con acta al almacén y, posteriormente, el 10 de noviembre de 2023 fue ingresado al sistema SAP, observando que el bien fiscal en el tiempo de cuatro meses estuvo sin ninguna supervisión”, señala el documento citado por Semana.

Las inconsistencias no se limitaron a la supervisión física de los motores. La auditoría también detectó irregularidades en la documentación de exportación y mantenimiento.

En el caso del motor 06531C del avión EJC-1129, la División de Asalto Aéreo reportó su envío al exterior para mantenimiento mayor, pero los soportes documentales no coincidieron con las fechas de retiro y exportación, lo que generó dudas sobre la veracidad del proceso.

Además, se identificaron incongruencias en la trazabilidad de motores enviados fuera del país, ya que los registros indicaban que los motores a exportar correspondían a modelos diferentes a los reportados oficialmente.

Otro aspecto crítico fue la falta de claridad en la cantidad de motores disponibles. Mientras la Davva aseguraba contar con 22 motores TPE-331 para los aviones Twin Commander, en un documento de contratación solo se reconocían 21, lo que llevó a cuestionar el paradero del motor faltante. Estas inconsistencias, según la auditoría, reflejan debilidades en la gestión documental y en los controles internos de la unidad.

El informe también señala deficiencias en la supervisión y control de los contratos de mantenimiento. En las actas de recibo de satisfacción, como la 396 del 22 de diciembre de 2023, no se relacionaron los servicios efectuados conforme a las especificaciones técnicas exigidas.

Además, la auditoría advierte sobre posibles prácticas restrictivas en la etapa de solicitud de cotizaciones, como la imposición de visitas técnicas obligatorias, que habrían limitado la participación de potenciales oferentes y vulnerado los principios de transparencia y libre competencia. “Durante la etapa de solicitud de cotizaciones se observa una limitación en la participación de posibles interesados, establecida a través de requisitos como una visita técnica obligatoria”, recoge el informe citado por Semana.

La falta de publicidad de los documentos de supervisión y la ausencia de resoluciones de nombramiento de los comités de adquisiciones también fueron objeto de reparos.

Según la auditoría, la Davva no cumplió con los lineamientos del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso, lo que afectó la trazabilidad y la transparencia en la toma de decisiones.

En cuanto a los pagos a contratistas, el informe señala que, aunque los contratos preveían pagos parciales, en la práctica se realizaron pagos únicos sin el soporte documental adecuado que demostrara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Ante la gravedad de los hallazgos, la auditoría recomendó al entonces comandante de la División de Asalto Aéreo, general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, adoptar medidas disciplinarias, administrativas y penales contra el personal presuntamente involucrado.

Además, se solicitó a la contrainteligencia del Ejército realizar estudios de credibilidad y confianza a un grupo de oficiales y suboficiales, entre ellos el coronel Javier Martínez, comandante de BAMAV1.

El informe también denunció la inexistencia de un sistema efectivo de control de la información documental y la debilidad de los programas anticorrupción, así como negligencias en el registro de bienes en el sistema SAP.

En respuesta a las recomendaciones, el Ejército aseguró a Semana que se implementaron medidas correctivas y que las áreas comprometidas cumplieron en su totalidad con las recomendaciones emitidas. En algunos casos, la institución determinó que no existía mérito para iniciar acciones disciplinarias, adoptando decisiones de auto inhibición tras la revisión de los hechos.

Respecto a los principales involucrados, el general Carrasquilla, quien ocupaba el cargo de comandante de la División de Asalto Aéreo durante la firma del contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17, actualmente se desempeña como oficial de enlace con el Comando Sur de los Estados Unidos y fue seleccionado para el curso de ascenso de brigadier general a mayor general. Por su parte, el coronel Martínez figura entre los oficiales sujetos a estudios de credibilidad y confianza tras los hallazgos de la auditoría.