Nicolás Petro tiene todas sus cuentas bloqueadas, aseguró la defensa del hijo del Presidente, por lo que pidió una audiencia virtual: “No puede comprar tiquetes”

El juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, entra en una semana clave marcada por la incertidumbre en torno a su comparecencia.

El exdiputado del Atlántico, procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha notificado a la justicia que no podrá asistir de manera presencial a las audiencias programadas para los días 4 y 5 de noviembre en Barranquilla.

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Su defensa alega impedimentos financieros y razones de seguridad que, según argumentan, hacen inviable su desplazamiento desde Bogotá, donde actualmente reside.

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro Burgos, explicó que la imposibilidad de adquirir tiquetes aéreos surge directamente de la reciente inclusión del procesado en la llamada lista Clinton, una medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que bloquea las operaciones financieras de las personas o entidades señaladas.

Según el jurista, esta sanción ha tenido un efecto inmediato sobre las cuentas de su cliente, limitando incluso sus transacciones bancarias más básicas.

“La inclusión de Nicolás en la lista Clinton ha generado el bloqueo total de sus cuentas, lo que impide la compra de tiquetes aéreos o el acceso a cualquier servicio financiero”, señaló Carranza. Este será el primer punto que expondrá ante el juez, quien deberá decidir si autoriza la participación virtual del acusado.

El defensor insistirá en que la situación no es un simple inconveniente logístico, sino una consecuencia directa de una medida internacional que ha dejado a su cliente en una posición de vulnerabilidad jurídica y económica.

A las dificultades financieras se suma un segundo argumento que complica el retorno de Petro Burgos a Barranquilla: el riesgo para su integridad personal.

La reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, Lucy Laborde, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo, ha encendido las alarmas en el entorno del acusado. Para la defensa, este hecho demuestra la existencia de un ambiente de inseguridad que justificaría la comparecencia virtual.

“Los últimos acontecimientos muestran que hay factores externos que amenazan la seguridad de mi defendido. No podemos ignorar el contexto de riesgo en el que se encuentra”, sostuvo Carranza.

Desde hace varios meses, Nicolás Petro trasladó su residencia de Barranquilla a Bogotá precisamente por motivos de seguridad, y de acuerdo con información revelada por Blu Radio, todo indica que atenderá la audiencia de manera virtual desde la capital.

El juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, deberá resolver esta situación en la audiencia que se reanudará este martes a las nueve de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales de esa ciudad.

Su decisión no solo definirá la modalidad de participación de Petro Burgos, sino también el rumbo del proceso, ya que en esta fase preparatoria se determinará qué pruebas serán admitidas y cuáles quedarán excluidas del juicio oral.

Durante la última diligencia judicial, el juez había ordenado la asistencia presencial de todas las partes, por lo que se esperaba que Nicolás Petro viajara a Barranquilla. Sin embargo, los nuevos elementos introducidos por la defensa han modificado el panorama.

Carranza, quien sí estará físicamente en la sala, aprovechará además para insistir en la revisión de los beneficios judiciales otorgados a Day Vásquez, exesposa del acusado y testigo clave en el caso.

Carranza considera que Vásquez no ha cumplido con los compromisos derivados del principio de oportunidad firmado con la Fiscalía.

“Aquí ese incumplimiento que hay por parte de la Fiscalía y por parte de Daysuris del Carmen en el principio de oportunidad, escondiendo los bienes y faltando a sus deberes, es algo que me permite afirmar que la justicia se respeta y que el principio de oportunidad debe ser revocado”, expresó el abogado.

El juicio contra Nicolás Petro ha captado la atención nacional desde mediados de 2023, cuando la Fiscalía reveló los primeros hallazgos sobre movimientos financieros irregulares que habrían aumentado su patrimonio de manera injustificada.

Según el ente acusador, entre 2020 y 2022 el hijo del presidente habría recibido más de mil millones de pesos de fuentes no declaradas, dinero que se habría destinado, en parte, a financiar campañas políticas en el Atlántico.

La defensa, por su parte, sostiene que los recursos recibidos correspondían a préstamos personales y no a operaciones ilícitas.

Uno de los nombres más mencionados en el expediente es el del empresario Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca, un contratista con antecedentes judiciales, a quien se señala de haber entregado sumas de dinero a Petro Burgos.

La audiencia de esta semana será determinante. Si el juez acepta las pruebas clave de la Fiscalía, como los chats, videos y testimonios sobre el origen de los fondos, el proceso podría tomar un rumbo adverso para el acusado. En cambio, si prosperan las objeciones de la defensa, el caso podría debilitarse antes de llegar al juicio oral.

Una vez el despacho judicial decida qué evidencias serán admitidas, quedará instalado el juicio formal contra Nicolás Petro Burgos, en el que se escucharán los testimonios avalados por ambas partes.

De momento, todo indica que el hijo del presidente no volverá a los estrados de Barranquilla en persona, al menos mientras no se resuelvan los obstáculos financieros y de seguridad que su defensa ha puesto sobre la mesa.