TransMilenio enfrenta cuestionamientos: plantean reforma al Sitp por déficit financiero y falta de transparencia

En el Recinto los Comuneros del Concejo de Bogotá, se realizó un debate de control político sobre el déficit financiero del Sistema Integrado de Transporte Público (Sipt), las ganancias privadas y la opacidad contractual, convocatoria gestionada por la concejala Heidy Lorena Sánchez Barreto (Unión Patriótica).

El debate se centró en las condiciones estructurales que mantienen el desequilibrio financiero del sistema desde el año 2000, atribuido por la cabildante a la transferencia de riesgos y subsidios al Estado, la ausencia de transparencia en la operación contratada y un proceso de monopolización por parte de operadores privados.

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Según Sánchez, el Sitp registra un déficit estructural vinculado al margen de utilidades de los operadores privados, quienes —pese a percibir utilidades sostenidas— continúan recibiendo respaldo financiero estatal. La concejala argumentó que una reducción de estos márgenes permitiría fortalecer el sistema y redirigir recursos a los subsidios y las condiciones laborales, especialmente para los usuarios de menores ingresos.

Entre 2022 y 2024, la rentabilidad de las diferentes fases de TransMilenio presentó fuertes contrastes, expuso Sánchez Barreto; mientras que la Fase IV reportó una rentabilidad neta del 13%, las Fases III y V arrojaron pérdidas, situadas por la concejala en posibles episodios de mala gestión y especulación con recursos públicos. En el periodo reciente, el sistema alcanzó ingresos superiores a 14,5 billones de pesos, aunque la rentabilidad promedio se mantuvo en solo el 1%.

La cabildante señaló, además, que si la rentabilidad de la Fase IV se hubiese limitado al 4%, se habría logrado cubrir el costo total de los subsidios, estimado en 269.184 millones de pesos para el periodo. Insistió en la concentración del mercado: tres grandes sociedades controlan cerca del 60 % de los contratos de operación troncales y zonales, con actores cuya identidad y vínculos, dijo, no son plenamente conocidos.

El análisis presentado por Sánchez evidenció que, desde 2000, el Sitp ha requerido 17,4 billones de pesos vía Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con un costo total acumulado de 45,3 billones y un universo de 30.000 trabajadores vinculados. Según la concejala, el déficit no solo impacta las finanzas distritales, también se traduce en alzas constantes en la tarifa al usuario, golpeando especialmente a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, quienes destinan hasta el 16,5 % de su ingreso al transporte, frente al 5,3% en el estrato 6. Además, el 48% de los hogares de Bogotá percibe menos de dos salarios mínimos mensuales.

Sánchez argumentó que la estructura contractual protege de manera desproporcionada los intereses de los concesionarios. En este modelo el Estado asume todos los riesgos y mantiene subsidios, mientras la opacidad financiera de los privados y la concentración del mercado impiden el control público y la competencia efectiva.

Para corregir el desequilibrio, la cabildante propuso publicar los costos y utilidades del sistema, renegociar los contratos para limitar la rentabilidad privada y orientar los ahorros a subsidios y mejores condiciones laborales. Sostuvo que el fortalecimiento de la operación pública, como ha demostrado la empresa La Rolita, permitiría mayor eficiencia, transparencia y reducción del déficit.

En respuesta, María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A., rechazó la existencia de un monopolio y sostuvo que las concesiones son adjudicadas mediante licitaciones competitivas. Ortiz aclaró que las empresas operadoras no tienen utilidades garantizadas, debiendo asumir y gestionar sus propios riesgos. Añadió que el Fondo de Estabilización Tarifaria opera como subsidio para garantizar acceso al transporte en toda la ciudad, en especial para población de bajos recursos.

Ortiz argumentó que el alza en el diferencial tarifario se explica por la tarifa técnica —que incorpora los costos de operación, mantenimiento y modernización de flota— y por la incorporación de vehículos con tecnologías limpias como los de estándar Euro VI y las flotas eléctricas. De acuerdo con la gerente, Bogotá es líder con 1.485 buses eléctricos, aunque admitió que este tipo de vehículos implica costos superiores frente a los de diésel tradicional.

La gerente de TransMilenio también destacó la cobertura total del sistema desde 2022, incluyendo el municipio de Soacha, la integración operativa y tarifaria, y la formalización laboral de más de 15.000 conductores.

Durante la sesión, representantes sindicales como Fernando González (Sintramacol), James Peña (Sinaltradema) y Carlos Martín expresaron preocupaciones sobre inversión, seguridad, condiciones laborales y calidad del servicio en el Sitp, solicitando reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema, la transparencia contractual y mejores condiciones para los trabajadores y usuarios.