Indígenas embera agredieron a gestores del diálogo en la UPI La Rioja, en Bogotá, al intentar ingresar licor ilegal

No paran las agresiones de indígenas embera contra funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, esta vez, por impedir el ingreso de bebidas alcohólicas a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en en el centro de la capital.

De hecho, en la tarde del domingo 2 de noviembre se registró el altercado que, de acuerdo con los videos divulgados en la red social X, involucró a miembros de esta comunidad y funcionarios distritales encargados de velar por el acompañamiento y la convivencia en el recinto.

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Uno de los aspectos que más inquietud generó entre la ciudadanía fue la presencia de menores —entre ellos, un bebé en brazos de una de las participantes— durante la confrontación física.

En uno de los registros audiovisuales se aprecia cómo la mujer, que sostenía al niño, golpea a una defensora mientras las autoridades intentan intervenir: “Por favor pare, tenga cuidado con el bebé porque también le está pegando”, se escucha entre los ruegos de los gestores presentes en la escena.

La disconformidad se desató cuando a un grupo embera se le prohibió el ingreso de una canasta que, según los operadores, contenía bebidas alcohólicas. Las grabaciones muestran cómo, tras la negativa, se desencadenaron empujones y agresiones físicas entre al menos tres funcionarios y dos indígenas —un hombre y una mujer—.

Posteriormente, se observa a varios participantes forcejeando con agentes de tránsito y policías, mientras intentaban apoderarse del recipiente discutido. Un sector de los testigos, entre los que se contaban numerosos niños, terminó quedándose con la canasta.

La dinámica de confrontaciones entre algunos grupos emberá y personal distrital no es nueva. El episodio de La Rioja se enmarca dentro de recientes operativos de retorno y reubicación gestionados por el Distrito y entidades nacionales para facilitar el regreso de la población indígena a sus resguardos en Pueblo Rico (Risaralda) y Bagadó (Chocó). Según el balance de la Alcaldía, más de 1.450 emberá volvieron a sus territorios entre el 8 y el 11 de septiembre.

Sin embargo, varias familias optaron por quedarse en la capital o solicitaron su reubicación en otros puntos, lo que provocó reacomodaciones forzosas y el endurecimiento de la vigilancia institucional en lugares como La Rioja.

Las gestiones han incluido la instalación de mesas de diálogo con representantes de los indígenas y la participación de la Secretaría de Integración Social y la Personería Distrital, buscando prevenir nuevos episodios de violencia.

Las críticas no tardaron en aparecer en los comentarios ciudadanos en redes sociales, con señalamientos respecto a la supuesta “instrumentalización” de menores durante las protestas, así como a la eficacia y protocolos de actuación de la Policía y los gestores de convivencia frente a situaciones de alta tensión.

Roces entre los embera y el Distrito por contrato para educación de niños indígenas

La decisión de la Secretaría de Educación de Bogotá de no renovar el contrato de un dinamizador comunitario ha traído consecuencias inesperadas para trece niños embera, quienes actualmente se ven privados de asistir al colegio.

De acuerdo con el Distrito, se mantiene la garantía de servicios esenciales para que los estudiantes indígenas puedan desarrollar su año escolar: “Todas las condiciones necesarias están garantizadas para que las y los estudiantes Emberá continúen su proceso educativo con normalidad, incluyendo transporte escolar, alimentación y acompañamiento pedagógico e intercultural”, afirmó la entidad.

A pesar de este compromiso institucional, la Secretaría denunció que un líder de la comunidad embera residente en la UPI La Florida ha tomado acciones que han limitado el acceso a las aulas para estos menores.

El origen del conflicto radica en la terminación del contrato del dinamizador de confianza de la comunidad, luego de que la entidad confirmara que se presentó en estado de embriaguez durante la prestación del servicio de ruta escolar, hecho que el propio implicado admitió.

Tras la finalización del vínculo contractual, el Distrito reportó que este líder ha ejercido presión sobre algunas familias, dando lugar a situaciones que han incidido negativamente en la asistencia de las niñas, los niños y los jóvenes al colegio. Así lo hicieron saber la Secretaría y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, organismos que también han seguido de cerca el caso.

La Secretaría de Educación ha reiterado públicamente su compromiso con la garantía de los derechos fundamentales de los estudiantes y ha hecho énfasis en que las condiciones logísticas y pedagógicas permanecen intactas para la población Emberá escolarizada en Bogotá.