Cinco meses después del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la investigación judicial ha avanzado con la captura de Simeón Pérez, alias El Viejo, señalado como presunto articulador entre los sicarios y los autores intelectuales del crimen.
La Fiscalía sostiene que la evidencia apunta a una relación cercana entre Pérez y la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc, lo que refuerza la hipótesis de la implicación de este grupo armado en el magnicidio que conmocionó a Colombia.
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La fiscal General Luz Adriana Camargo ha destacado la importancia de esta captura, al afirmar: “La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”.
Camargo precisó que Pérez habría servido de enlace entre el grupo operativo y quienes ordenaron el asesinato, aunque evitó vincular directamente a alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, y prefirió centrarse en las conexiones comprobadas con una célula que opera en Caquetá.
Hasta el momento, la investigación ha resultado en la detención de nueve personas, pero la Fiscalía no ha hecho pública ninguna relación con el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco.
Los detalles de la tutela de María Claudia Tarazona contra Petro
En paralelo a esos avances judiciales, la familia de la víctima ha emprendido acciones legales contra el presidente Gustavo Petro. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, presentó el 14 de octubre de 2025 una tutela en la que acusó al mandatario de revictimizar a su familia mediante declaraciones públicas que, según ella, han entorpecido el proceso judicial y vulnerado derechos fundamentales, según pudo establecer Cambio.
En el recurso judicial, Tarazona solicitó que el presidente se retracte de sus afirmaciones, en las que ha vinculado el asesinato con el ELN, la Segunda Marquetalia, la junta mundial del narcotráfico, negocios de esmeralderos y la mafia europea.
La acción judicial de Tarazona se suma a un derecho de petición presentado el 1 de septiembre de 2025 ante la Presidencia, así como a una denuncia por hostigamiento radicada en junio por el abogado de la familia, Víctor Mosquera, y a otras solicitudes ante instancias internacionales.
En su escrito, la viuda de Uribe Turbay argumenta que “la conducta comunicativa del presidente Gustavo Petro —al insinuar vínculos inexistentes con el narcotráfico y el negocio de las esmeraldas, al deslegitimar públicamente las acciones de la familia Uribe Turbay y al usar su tragedia como instrumento de confrontación política— constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la memoria digna del senador Miguel Uribe Turbay y de sus familiares”.
Tarazona ha documentado en la tutela las distintas versiones ofrecidas por Petro desde el atentado. Inicialmente, el presidente señaló que el autor era un “enemigo del gobierno” y de la “consulta popular”, para luego sugerir la participación de la junta del narcotráfico. Más adelante, Petro afirmó que los capturados eran miembros del microtráfico bogotano, descartando móviles políticos.
En agosto, el jefe del Estado mencionó al ELN como posible responsable por motivos económicos y, posteriormente, a la disidencia comandada por Iván Márquez, sugiriendo que la Segunda Marquetalia habría recibido un pago por el asesinato. El 21 de agosto, el mandatario volvió a relacionar el crimen con la Junta del Narcotráfico y negocios de esmeraldas, y en septiembre aseguró que la mafia europea estaba detrás del homicidio.
Presidencia desestimó la petición de retractación a Petro
Tarazona sostiene que estas declaraciones han causado una “seria revictimización a la familia”, al insinuar que tanto los familiares como el partido político de Miguel Uribe Turbay han instrumentalizado la muerte con fines políticos. Además, en su derecho de petición, Tarazona denunció que el presidente ha afectado la reputación de su hijo menor, Alejandro, y ha interferido indebidamente en las funciones de la Fiscalía.
La Revista Cambio también accedió a la respuesta oficial de la Presidencia, firmada por el asesor jurídico Alejandro de Jesús Melo el 22 de septiembre, que rechazó la solicitud de retractación.
En la comunicación, la Casa de Nariño argumentó que el presidente no ha descartado ninguna hipótesis sobre los autores y móviles del homicidio y que no ha buscado protagonismo político con el caso: “Por lo tanto, no es procedente exigir la retractación”, concluyó la respuesta dirigida a Tarazona, según citó el medio.
A pesar de las pruebas y argumentos presentados por la viuda, el Juzgado 14 Laboral de Bogotá desestimó la tutela y negó los amparos solicitados. Esta decisión judicial, que trascendió el viernes 31 de octubre de 2025, representó un respaldo a la postura del presidente Petro en la disputa legal y mediática que rodea el caso.
Mientras tanto, la investigación continúa sin que la Fiscalía haya mencionado la posible implicación del autodenominado Estado Mayor Central, la disidencia al mando de alias Iván Mordisco, lo que deja abiertas interrogantes sobre la totalidad de los responsables y las motivaciones detrás del magnicidio.
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