Presidente de la Corte Suprema hizo fuerte llamado a respetar la Constitución y la independencia judicial: “No es un simple texto jurídico”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistradoOctavio Tejeiro, defendió la vigencia y los principios de la Constitución de 1991 en medio del debate generado por la intención del Gobierno de Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente.

Durante su intervención en el Segundo Encuentro de la Jurisdicción Penal, realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá, el magistrado resaltó la necesidad de proteger el pacto constitucional que, según dijo, consolidó la democracia y la independencia judicial en el país.

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El pronunciamiento se dio pocos días después de que el Gobierno nacional presentara, el 23 de octubre de 2025, el borrador del proyecto de ley que busca convocar una asamblea constituyente compuesta por 71 delegados —en igual número de hombres y mujeres— con facultades para reformar la Constitución de 1991, sin disolver el Congreso.

De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 376 de la Carta Política, la convocatoria debe ser aprobada por el Congreso, revisada por la Corte Constitucional y luego sometida a referendo. Para que sea válida, se necesitarían al menos 13 millones de votos afirmativos. La Constitución, sin embargo, no autoriza la sustitución total de sus principios fundacionales, lo cual ha sido ratificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en la Sentencia C-551 de 2003.

Defensa del equilibrio institucional y la independencia judicial

Ante este contexto, el presidente de la Corte Suprema recordó que la Constitución de 1991 no puede entenderse como un texto jurídico modificable a voluntad política, sino como un pacto social que define los límites y equilibrios del Estado. “En medio de las discusiones actuales sobre posibles reformas a la Constitución, es necesario recordar que esa Constitución del 91 no es un simple texto jurídico, es el pacto colectivo que cimentó la democracia moderna en Colombia, el que reconoció los derechos fundamentales, la separación de poderes y la independencia judicial como pilares del Estado Social de Derecho”, señaló Tejeiro.

El magistrado advirtió que cualquier intento de modificar ese equilibrio debe hacerse con responsabilidad y respeto por los principios que han guiado el desarrollo institucional del país. “Proteger la Constitución del 91 es proteger la libertad, la justicia y la dignidad de todos los colombianos”, añadió.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Suprema hizo énfasis en la necesidad de preservar la autonomía judicial frente a presiones externas. “Preservar la independencia de los jueces es garantizar que ninguna presión se interponga entre la ley y el ciudadano. La justicia sólo puede ser libre si sus jueces lo son”, manifestó.

El magistrado dedicó parte de su discurso a rechazar los ataques y descalificaciones dirigidos contra la justicia. Según dijo, esas acciones buscan debilitar la legitimidad de las instituciones judiciales y erosionar la confianza ciudadana. “Hoy, la justicia enfrenta cuestionamientos, ataques y descalificaciones que buscan debilitar su legitimidad. A quienes pretenden minar la confianza ciudadana en la justicia, debemos decirles con serenidad, pero con firmeza: la justicia no se intimida, no se provoca y no se somete a intereses ajenos a la ley”, afirmó.

Tejeiro reconoció que las críticas al sistema judicial son legítimas cuando buscan fortalecerlo, pero advirtió que se vuelven perjudiciales cuando pretenden deslegitimarlo. “Las críticas son legítimas cuando buscan construir, pero peligrosas cuando buscan destruir. Y quienes servimos a la justicia sabemos que nuestro deber no es complacer, sino cumplir el ordenamiento legal”, puntualizó.

Reflexión sobre el holocausto del Palacio de Justicia

En la misma intervención, el magistrado Tejeiro se refirió al 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, al que calificó como un hecho que sigue siendo objeto de estudio y reflexión dentro del ámbito penal colombiano.

Señaló que el episodio continúa generando debate sobre las sanciones aplicadas y la manera en que se ha interpretado la responsabilidad de los actores involucrados. “Desde el punto de vista penal, en el interior de la estructura donde se concentraba la administración de justicia, se cometieron atroces crímenes que nos tocan el corazón y nos conmueven hasta despertar sentimientos de rabia y desconsuelo”, expresó.

Tejeiro planteó interrogantes sobre la forma en que deben sancionarse quienes participaron en hechos de esa magnitud y cómo generar conciencia para evitar que situaciones similares se repitan. “Se le ha reclamado a la justicia la ausencia de penas apropiadas para quienes actuaron u omitieron actuar directamente durante las veintiocho horas en que se cometieron toda clase de agresiones. Y las sanciones o penas impuestas también son material de estudio para analizar la evolución del concepto de la pena, de los delitos y de la propia jurisprudencia”, explicó.

El presidente de la Corte Suprema recordó además que la desaparición forzada, reconocida por comisiones de la verdad y por la Sala de Casación Penal, fue uno de los delitos más graves cometidos durante el asalto. En su discurso, comparó la reflexión jurídica que suscita el caso del Palacio de Justicia con los análisis internacionales de hechos como el Holocausto nazi o la masacre de Ruanda de 1994.

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