Corte expuso falencias de presupuesto en la UNP: defensores de derechos humanos y líderes sociales están desprotegidos

A falta de menos de un año para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido cuestionada en más de una ocasión por las peticiones de aumentar los esquemas de seguridad de algunos de los precandidatos.

De la misma forma, se han expuesto denuncias sobre irregularidades en los procesos de protección de líderes sociales, principalmente en regiones con presencia de grupos armados o en los que estas personas han recibido algún tipo de amenaza.

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Precisamente, al respecto, el 29 de octubre la sala de tutelas de la Corte Constitucional emitió un fallo en el que cuestionó el accionar de la unidad respecto a la forma de manejar su presupuesto para cuidar a defensores de derechos humanos y líderes sociales.

La crítica se debe a que al analizar un caso en el que tres líderes sociales denunciaron a la UNP por haber reducido su esquema de seguridad sin ningún tipo de estudio sobre el riesgo que afrontaban, un magistrado calificó la situación como “inadmisible”, ya que no se debería de registrar en el país.

En el documento se especifica que en casos de esta índole, en los que está en riesgo la vida de un ciudadano, la entidad no puede argumentar la ausencia de seguridad con falta de presupuesto, mucho menos cuando la persona tenía un esquema regular que le fue modificado.

“Con fundamento en la información suministrada por la Contraloría General de la República en el marco de la Sentencia SU-546 de 2023, la sala reiteró que la UNP enfrenta graves problemas en materia presupuestal. Concluyó que el manejo deficiente del presupuesto por parte de la UNP impedía el cumplimiento de sus objetivos” se lee en la decisión.

De la misma forma, la Corte Constitucional indicó que la UNP deberá fortalecer la asignación de su presupuesto para no dejar de lado a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

De esta forma, la unidad tendrá que replantear la forma de asignar su presupuesto, puesto que el fallo recalca que no es admisible que se le nieguen medidas de protección a personas que están siendo amenazadas por falta de dinero.

La sala indicó que este tipo de casos demuestran una flagrante violación de las garantías para los afectados. “Se trata de la negación misma de los derechos”, es parte del documento.

En el mismo, se resalta el compromiso y la responsabilidad que tienen las autoridades públicas de proteger “el derecho a no morir violentamente”, cuando los líderes pueden ser protegidos de diferentes formas. “Si ello se acepta o se tolera, los derechos dejan de serlo. Se produce poco a poco su disolución”, resaltó la corte.

Por último, la sala recordó que los criterios de asignación, reducción o todo lo relacionado con los esquemas de seguridad son claros ante la ley, y que estos estipulan que se otorgarán medida de cuidado cuando exista una evaluación de riesgo, un porcentaje de medición, las medidas idóneas o eficaces y cuando estas se apliquen con un enfoque presidencial".

Además de la alerta que emitió la corte, la UNP ha sido cuestionada por un contrato por 28.774 millones de pesos para dotar a la unidad con 64 camionetas blindadas, que enfrenta múltiples retrasos, prórrogas y presuntas irregularidades en la ejecución.

Al respecto, se conoció que la adjudicación recayó en la Unión Temporal Albo-Blink, conformada por empresas cuyos representantes han sido vinculados a investigaciones previas por supuestas prácticas irregulares en contratos públicos.

Sin competencia en la subasta, el proceso ha registrado seis prórrogas y ocho modificaciones contractuales. Entre los señalamientos destaca que no se han aplicado sanciones pese a los incumplimientos y a la retención del anticipo por parte del contratista. Persisten dudas sobre la transparencia en la gestión del contrato y el avance en la entrega de los vehículos.