La situación de Verónica Alcocer, quien recientemente se le ha puesto en duda su puesto como la primera dama de Colombia, ha cambiado tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por presunta estafa en favor de terceros.
El caso, que involucra el posible uso de recursos públicos en actividades y contratos a su nombre, surge mientras Alcocer mantiene formalmente ese rol, dado que no existe una separación legal con el presidente Gustavo Petro, quien declaró hace poco que ambos están distanciados desde hace varios años.
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La denuncia fue presentada por el profesor Juan Carlos Portilla, experto en anticrimen financiero, quien solicita a la Fiscalía investigar a Alcocer por supuestamente autorizar y recibir pagos por servicios vinculados al “cuidado de imagen” y asesorías.
“Hemos elevado una denuncia penal contra la exprimera dama Verónica por presuntos, actividades delictivas engañosas con el fin de buscar beneficios patrimoniales en favor de terceros en todo este escándalo de los asesores de maquillaje y masajes a la exprimera dama”, afirmó Portilla en un video difundido en redes sociales.
De acuerdo con el documento, estos pagos superan los mil millones de pesos y habrían utilizado fondos públicos o recursos previamente asignados para otros fines.
La denuncia se fundamenta en informaciones difundidas en medios y materiales audiovisuales, que muestran a Alcocer participando en actividades propias de la agenda de la Primera Dama, pese a que, según el propio presidente Petro, la separación no legal entre ambos se produjo “hace años”, hecho que deja en duda la idoneidad de ocupar este título político no oficial.
El contexto de la denuncia ocurre además por la reciente inclusión de los nombres de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, su hijo y el ministro de Gobierno en la llamada Lista Clinton.
Tras este hecho, el presidente Petro hizo público que su relación con Alcocer había terminado tiempo atrás, aunque la opinión pública y los medios continuaban percibiéndola como la Primera Dama.
Pese a la separación, Alcocer mantuvo una agenda de visitas, encuentros y reuniones asociadas a ese rol, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de su representación y el uso de recursos estatales.
El profesor Portilla advierte en su denuncia, citada por Semana, que “se alega la intervención de terceros proveedores, prestadores y posibles sociedades interpuestas que habrían emitido facturas y contratos para justificar los desembolsos, así como la participación de personas relacionadas con la red de confianza de la denunciada en la gestión y ejecución de dichos contratos”.
Además, el denunciante sostiene que, mediante artificios y simulaciones en la contratación y facturación, se habría obtenido un provecho patrimonial tanto para Alcocer como para terceros, en perjuicio de quienes aportaron o dispusieron los recursos.
Portilla, en su calidad de denunciante, insiste en la necesidad de que la investigación no solo se centre en Alcocer, sino que también abarque a los funcionarios administrativos que facilitaron la firma de contratos relacionados con la inexistente posición de Primera Dama.
“Hemos ampliado también la denuncia para solicitarle a la fiscalía que llame a declarar como testigo al presidente de la República, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, para que bajo la gravedad de juramento, ya sea por prueba testimonial, documental o oral, diga a los colombianos cuándo se separó de, de Verónica”, afirmó Portilla.
Según la demanda de Portilla, se debería considerar fundamental determinar si existió una red de confianza que permitió la ejecución de estos contratos y la justificación de los desembolsos.
Según el proceso regular, la Fiscalía deberá revisar la denuncia y decidir si abre una investigación formal para determinar la existencia de las irregularidades señaladas.
El debate sobre la figura de la primera dama en Colombia: entre la tradición y el vacío legal
La permanencia de Verónica Alcocer como primera dama de Colombia, pese a la separación física reconocida por el presidente Gustavo Petro, ha reavivado el debate sobre los límites y la naturaleza jurídica de este rol en el país.
El análisis realizado por El Tiempo revela que, aunque la relación personal entre ambos ha cambiado, el vínculo legal permanece intacto, lo que sostiene la continuidad de Alcocer en sus funciones protocolarias y sociales.
En su declaración más reciente sobre el tema, Gustavo Petro afirmó que, aunque existe una separación física, el lazo legal con Verónica Alcocer no se ha disuelto.
El mandatario subrayó que “Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto”.
Además, destacó que su esposa “cumple sus deberes como mamá” y que su labor en favor de la reconciliación nacional “continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia”.
A pesar de la distancia personal, Alcocer ha mantenido una agenda activa en representación del país. Según el medio mencionado, ha participado en actos internacionales de alto nivel, como el funeral de la reina Isabel II, la coronación del rey Carlos III, las exequias del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y una audiencia privada con el papa Francisco.
El marco legal que regula la figura de la primera dama en Colombia es difuso. El abogado Felipe Alzate Gómez explicó al medio mencionado que “hay una indebida interpretación de lo que se ha denominado en Colombia como primera dama. Dicha posición no constituye un cargo o empleo público, ni está regulada en sus funciones. Es una figura que se creó a partir de los años 30 y simplemente permite que la cónyuge o pareja del Presidente participe en eventos protocolarios o sociales. No recibe remuneración, ni es sujeta a vigilancia”.
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