En fallo de primera instancia, un juzgado de Bogotá impuso penas privativas de la libertad a dos uniformados de la Policía Nacional por interceptar ilegalmente comunicaciones de la exniñera de Laura Sarabia mediante documentos falsificados, dentro de una trama judicial vinculada al robo de una maleta con dinero en 2023.
El Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá encontró culpables al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas y los condenó a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.
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Según la decisión, los procesados fabricaron y presentaron un informe de inteligencia adulterado ante la Fiscalía, con el propósito de que se ordenara la interceptación de las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes para enero de 2023 trabajaban en la residencia de Laura Sarabia, que en ese momento era jefa del gabinete del presidente Gustavo Petro.
En ese documento falso, se afirmaba que Meza y Perea mantenían una “estrecha y cercana relación” con alias Siopas, presunto comandante del Clan del Golfo, con el fin de justificar el espionaje telefónico. El fallo advierte que esas tergiversaciones condujeron al fiscal de la unidad contra las bandas criminales del Chocó a ordenar la intervención ilegal de los abonados telefónicos de las mujeres.
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Manipulación de documentos, diligencias inducidas y falsos alias
La sentencia sostiene que las interceptaciones y los actos investigativos posteriores quedaron sustentados en el material falsificado. En palabras de la juzgadora 53: “Se acreditó que, a partir de este acontecimiento, se desplegaran distintas diligencias de investigación, entre ellas, la recepción de denuncias, entrevistas e interrogatorios. La recolección de material videográfico y el sometimiento de la trabajadora a una prueba de polígrafo, todas ellas actuaciones que se enmarcaron en el trámite adelantado tras la denuncia que constituye el mencionado contexto dentro del cual se insertaron los documentos falsos elaborados por los acusados”.
El contexto original del caso está vinculado al robo de una maleta con dinero en la vivienda de Sarabia. Ese hecho motivó las interceptaciones ilegales con el supuesto objetivo de hallar el paradero del maletín y documentos de seguridad nacional. Para respaldar la estrategia, los acusados atribuyeron alias falsos a las mujeres: a Meza la denominaron alias La Madrina y a Perea como alias La Cocinera, afirmando que ambas tenían roles de máxima confianza dentro de la estructura criminal señalada.
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El fallo concluye que con ese accionar los policías defraudaron la administración de justicia y enviaron un mensaje negativo a la sociedad: “le enviaron un mensaje a la sociedad que cada día cree menos en sus instituciones”.
Estado de la investigación
Este no es el primer pronunciamiento judicial en este caso. En septiembre de 2024, una jueza condenó a otros dos policías, Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales, a 10 años de prisión por interceptar ilegalmente comunicaciones de Meza mediante documentos falsos.
Según el expediente, esos agentes firmaron un acuerdo con la Fiscalía al aceptar responsabilidad, y fueron condenados por delitos como falsedad ideológica en documento público agravado, y en el caso de uno de ellos, en concurso con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
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Durante el proceso contra Correa y Morales, fueron determinantes las declaraciones de otros policías que optaron por acuerdos de cooperación para admitir su participación en la elaboración del informe falso. Sin embargo, hasta el momento, los nombres de otros responsables de alto rango no han sido judicializados públicamente.
En las audiencias del presente juicio, la Fiscalía presentó material probatorio técnico, documental y testimonios que contrastaron la veracidad de los informes falsos con la situación real de las mujeres como trabajadoras domésticas sin vínculo alguno con actividades criminales.
El proceso aún debe avanzar hacia la etapa de individualización de penas y eventuales recursos de apelación por parte de las defensas.
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