El debate público en torno a los cargos desempeñados por Laura Sarabia escaló este lunes tras las recientes declaraciones realizadas por el concejal de Bogotá Daniel Briceño en la red social X.
Briceño aseguró que Sarabia “está ejerciendo el cargo de embajador ante el Reino Unido y al mismo tiempo el de miembro de Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, cuando esto está prohibido por la ley”.
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Además, informó que “la denunciamos ante la Procuraduría y esperamos resultados”.
Para el concejal de Bogotá, la simultaneidad en la representación diplomática y la integración a la junta directiva constituye una incompatibilidad según la normativa. Esta postura avivó la controversia sobre la legalidad de los roles que ocupa la funcionaria.
El concejal Briceño por medio de un video que compartió en su cuenta en X, sostuvo que la incompatibilidad entre el ejercicio de estas dos funciones se encuentra claramente establecida en la legislación colombiana y cuestionó la falta de actuación de la Procuraduría General de la Nación.
“Yo no entiendo dónde está la Procuraduría ejerciendo control. ¿Por qué la Procuraduría no suspende a la señora Sarabia? ¿Por qué permite que Laura Sarabia se siga burlando de la ley?”, preguntó Briceño a través de sus canales digitales.
Respuesta de la abogada de Laura Sarabia a Daniel Briceño: “La doctora no incurre en ninguna prohibición”
Ante esta acusación, la abogada de Laura Sarabia, Lina Sandoval Echavarría, respondió de manera tajante a Briceño por medio de su cuenta en X: “Briceñito, derecho administrativo básico: ser miembro de junta directiva no equivale a cargo público”.
Sandoval Echavarría cuestionó el manejo legal de Briceño y lo desestimó: “La ignorancia supina, que en tu caso desborda, también es falta disciplinaria. No todo vale en campaña, aunque tu absurdología lo llame ‘estrategia’”.
Esto dijo a Infobae Colombia la abogada de Laura Sarabia, Lina Sandoval Echavarría
Según la representante legal de la funcionaria, manifestó a Infobae Colombia que: “la doctora Laura Sarabia no incurre en ninguna prohibición al hacer parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías, pues su designación se enmarca dentro de un encargo oficial expresamente autorizado por el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior”.
La abogada precisó que la norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial.
“Dicha norma permite que los embajadores representen entidades estatales cuando actúan por instrucción oficial, como ocurre en este caso, en el que la doctora Sarabia fue encargada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No se trata de un empleo adicional, sino de una función pública legítima y expresamente permitida por la ley”, agregó, enfatizando que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue el encargado de asignar la representación de Sarabia ante la junta.
La defensa también respondió a las críticas sobre el posible uso de recursos estatales por parte de Sarabia.
“Las reuniones del Fondo Nacional de Garantías se realizan de manera virtual. Por ello, la doctora Sarabia no ha incurrido en ningún gasto para asistir a las mismas. ”, indicó la abogada, destacando que no se han generado gastos relacionados con desplazamientos.
Aseguró que la funcionaria valora su cargo diplomático y que, si su participación llegara a interferir con las funciones de embajadora, no dudaría en apartarse de la junta.
La abogada instó al concejal Briceño a que revise el historial de los últimos cinco gobiernos para constatar cuántos funcionarios públicos han asumido roles similares en juntas directivas.
“Quienes conocen su compromiso con el servicio público saben que, si en algún momento su participación en la junta llegara a interferir con sus funciones diplomáticas, evaluaría la posibilidad de apartarse de la Junta sin ningún problema. También sería bueno que Briceño revise desde el gobierno anterior hacia atrás, por lo menos los últimos 5 gobiernos, cuantos funcionarios públicos fueron miembros de juntas directivas”, concluyó la defensa.
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