En un acto simbólico celebrado en Barrancabermeja, se firmó oficialmente el convenio para la ejecución del Proyecto de Gasificación de Gas Domiciliario, una iniciativa que marca un paso clave hacia la justicia energética y la mejora de la calidad de vida en sectores rurales de Santander.
El proyecto permitirá que 450 familias de estrato 1 de los sectores Centros Poblados, Buena Vista, La Cascajera, La Unión, Meseta de San Rafael, Yacaranda y Barrancabermeja accedan por primera vez a un servicio de gas domiciliario limpio y seguro, abandonando así la utilización de cilindros de GLP y la quema de leña.
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La iniciativa está respaldada por una inversión total de $3.023 millones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía cofinanciará el 70%, aportando $1.912 millones para la construcción de las redes, acometidas, medidores y la infraestructura necesaria para la operación.
El ministro Edwin Palma enfatizó la transformación social que representa el acceso universal al gas domiciliar: “Este es un proyecto que lleva dignidad a los hogares. Antes una pipeta podía costar $130.000, y muchas familias tenían que decidir entre pagar el gas o comer bien. Hoy esos recursos podrán invertirse en mejorar la calidad de vida”, expresó Palma, confirmando el compromiso del Gobierno nacional con una política de justicia energética que priorice el bienestar ciudadano.
Uno de los principales impulsores del proyecto, Fabio Hernández Cáceres, presidente de los ediles rurales de Barrancabermeja, describió el impacto de este avance. “Más de 10 años llevamos rogándole a todo el mundo, alcaldes de turno, gobernadores y administradores. Con el ingeniero Saúl yo andaba con el proyecto debajo del brazo en todas las reuniones: el proyecto de la gasificación domiciliaria rural. Para que dejáramos de cortar árboles, para que la gente tuviera un descanso en la economía”, relató Hernández, haciendo hincapié en los beneficios ambientales y económicos que implica para las comunidades rurales dejar atrás el uso de leña y de energéticos costosos.
Durante su intervención, el ministro Palma recalcó que este tipo de acciones responden a un enfoque de política pública centrada en las personas. “Durante años se destinaron recursos a las empresas; hoy los destinamos a los usuarios, a las familias, a la gente. Visitamos la casa de doña Luisa y vimos cómo cocinaba con leña, con los ojos irritados por el humo, con un esfuerzo que nadie reconoce ni paga. Por eso tenemos que ampliar los programas de sustitución de leña, no solo con gas, sino también con energías limpias”, indicó, reiterando la importancia de sumar alternativas sostenibles y limpias para la transición rural.
El ministro destacó, asimismo, el impacto positivo de la gasificación en la vida de las mujeres rurales, quienes históricamente han sido las principales encargadas de las labores domésticas asociadas a la cocción de alimentos. “Cada estufa limpia significa menos humo en los pulmones de una madre, más tiempo para sus hijos y más salud para las familias. La transición energética también debe ser una transición hacia la igualdad de género”, afirmó Palma.
Las 450 familias beneficiarias pasarán de una energía cara y contaminante a un sistema más económico y seguro, con repercusiones inmediatas en la salud pública, el medio ambiente y las posibilidades de desarrollo social. El proyecto se inscribe en una política orientada a cerrar brechas de acceso y dignificar la vida de los sectores rurales más vulnerables.
En la firma del convenio participaron activamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la Alcaldía de Barrancabermeja, la Gobernación de Santander, diputados del departamento, el presidente de Proviservicios, líderes sociales y representantes de las comunidades beneficiadas, quienes celebraron que, tras años de gestión y espera, se haga justicia social y energética en la región.
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