Capturado alias Miller: habría ordenado la masacre de ocho líderes religiosos encontrados en una fosa común

Las autoridades detuvieron en Guaviare a tres personas, dos hombres y una mujer, entre las que se encuentra alias Miller, señalado por inteligencia como responsable del asesinato de ocho líderes religiosos que viajaron desde Arauca hacia Calamar y fueron hallados sepultados en julio de 2025.

Junto a él fue capturado alias Yucap, involucrado en el atentado con drones dirigido contra el alcalde de Calamar, Farid Castaño, de acuerdo con información compartida por el Ejercito de Colombia.

Entre los detenidos figuran personas vinculadas a graves hechos violentos en la región y su captura representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos crímenes.

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Mandos de la Policía y el Ejército destacaron el impacto de la reciente acción contra el frente Armando Ríos, organización ilegal asentada en el suroriente nacional. Los reportes de inteligencia militar señalan que alias Miller, también conocido como el pirata o el tuerto ejecutó el asesinato de ocho líderes, quienes se habían visto obligados a trasladarse desde Arauca hasta Guaviare como consecuencia del conflicto armado.

Las investigaciones revelaron que los líderes religiosos recibieron una citación falsa en abril, tras la cual fueron asesinados y sus cuerpos permanecieron ocultos hasta julio de 2025, cuando fueron hallados en una fosa común en una zona rural. Según la Fiscalía General de la Nación, la orden para ejecutar este múltiple homicidio provino de alias Iván Mordisco, máximo dirigente de la facción disidente responsable.

Los análisis del caso determinaron que Iván Mordisco los acusaba de intentar crear una base del ELN en Guaviare, motivo que habría desencadenado la ejecución de estos crímenes.

En la misma operación militar y policial fue capturado alias Yuca P, también conocido como Yucap. Las autoridades lo señalaron de participar activamente en el atentado con drones ocurrido hace pocos días contra la vivienda del alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Castaño.

Además de la captura de alias Miller y Yucap, las autoridades también detuvieron a alias La Crespa, señalada de coordinar labores de seguimiento ilícito a los organismos de seguridad y de gestionar el cobro de extorsiones en la zona.

Se prevé que en breve los tres capturados, identificados como presuntos miembros del frente Armando Ríos, comparecerán ante la autoridad judicial para que se formalice su detención.

Con respecto a la masacre en Calamar, las personas asesinadas pertenecían a una comunidad cristiana que había migrado desde Arauca hasta Guaviare. Según la fundación Pares, estos individuos participaban en una misión religiosa y, conforme a testimonios de habitantes de Arauca, desempeñaban labores humanitarias en una zona profundamente afectada por el conflicto armado.

Tras un reconocimiento inicial realizado por sus familiares, las autoridades identificaron a las víctimas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

En su momento, sobre el hallazgo de la fosa donde localizaron los cuerpos, un fiscal declaró ante los medios que la ubicación se determinó tras la detención de un miembro disidente de un grupo guerrillero en mayo. Dentro de su teléfono móvil hallaron fotografías de los desaparecidos. “Había imágenes de ellos con los integrantes de esta estructura [el Frente Armando Ríos e imágenes de ellos ya asesinados”, señaló el funcionario en aquel momento.

La Fiscalía señaló que una funcionaria de la Personería del municipio de Calamar habría colaborado con una organización criminal vinculada a las disidencias de las Farc. Según la investigación, la funcionaria obtenía información confidencial y la entregaba a estos grupos ilegales. Además, habría recibido 12 millones de pesos por su presunta implicación en el homicidio de ocho religiosos.

En su momento, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al asesinato de los líderes religiosos y condenó enérgicamente estos hechos, destacando el impacto que tienen sobre los derechos fundamentales y el tejido social de las comunidades afectadas por el conflicto. El mandatario enfatizó que este tipo de acciones ponen en riesgo no solo la vida y la libertad de culto, sino también la labor espiritual y social que se realiza en áreas marcadas por la violencia.

“Todo indica que fueron secuestrados y asesinados en medio de disputas territoriales por parte de grupos armados ilegales. Estos hechos son una grave afrenta al derecho a la vida, a la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia”, afirmó el presidente Gustavo Petro.