
El expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció en las redes sociales el viernes 24 de octubre para enviar un mensaje a sus seguidores. A través de su cuenta en X, el exmandatario ofreció disculpas por no poder asistir a un evento programado en Jericó, Antioquia, debido a problemas de salud.
“Ofrezco mis más sentidas disculpas al Representante Juan Espinal, a la comunidad de Jericó (tierra de la Santa Madre Laura), y a los entrañables coterráneos del Suroeste de Antioquia, porque debo cancelar mi visita de mañana a la bella municipalidad. Esto por problemitas de salud. Pronto los veo. Todo el afecto”, escribió Uribe, quien suele mantener una agenda activa en esa región del país, bastión histórico de su movimiento político.
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El mensaje, breve, pero cargado de afecto, se difundió en medio de un ambiente judicial convulso que vuelve a poner su nombre en el centro del debate nacional y mediático. Apenas tres días antes, el Tribunal Superior de Bogotá había confirmado su absolución en el proceso por presunta manipulación de testigos, un expediente que acompaña al líder del Centro Democrático desde hace varios años y que marcó buena parte de su trayectoria política y jurídica.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. La magistrada Leonor Oviedo salvó su voto y sostuvo que, a su juicio, el expresidente sí debía ser condenado por fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos que, según su interpretación, sí estaban acreditados dentro del expediente. Ese desacuerdo dentro del tribunal abrió una nueva polémica en el ámbito judicial y político, pues, a los pocos días del fallo, la togada fue denunciada por presunto prevaricato por acción y omisión.
La denuncia fue presentada por el abogado Eduardo Castillo González, que argumentó que Oviedo habría tenido una postura personal frente al caso, expresada en redes sociales años atrás, lo que, a su parecer, la obligaba a declararse impedida antes de intervenir.

El jurista anexó en su denuncia una serie de publicaciones antiguas de la magistrada, entre ellas una del 18 de septiembre de 2018, cuando comentó una entrevista al entonces magistrado José Luis Barceló, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre las interceptaciones telefónicas al expresidente. En ese mensaje, Oviedo escribió: “No creo que sea un error. Es el simple seguimiento a un número, que por el contexto se hacía necesario.”
Para Castillo, esa opinión pública evidencia una posición previa sobre el caso, incompatible con la imparcialidad que exige su rol. En el documento de denuncia, sostiene que la magistrada mostró una “animadversión” contra Uribe y que su salvamento de voto “trae posturas personales e ideológicas” alineadas con la juez de primera instancia, lo que, según él, podría configurar un acto de parcialidad.
Pese a las críticas, Oviedo defendió su criterio jurídico. En su salvamento de voto explicó que, a diferencia de sus colegas, consideró que sí existían pruebas suficientes para vincular al expresidente con los delitos mencionados. “Considero, personalmente y con el respeto de la decisión de mis compañeros de sala, que la interceptación que se hizo debe conservar la validez. Por lo tanto, la exclusión carece de sustento y corresponde incorporar esas comunicaciones al debate para su valoración”, sostuvo.

También fue enfática al señalar que, a su parecer, las pruebas mostraban “la existencia de un plan estructurado para lograr la retractación en las declaraciones en las que Monsalve vinculó a Uribe con la creación de estructuras paramilitares”. Según su análisis, los actos cometidos en La Picota y en Neiva configuraron el delito de soborno, pues “no se trató de un acercamiento espontáneo sino una estrategia a cambio de modificar su testimonio”.
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