El viernes 24 de octubre de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medida de aseguramiento a Pedro Nelson Pardo, que enfrenta un proceso judicial por su presunta colaboración con la extinta guerrilla de las Farc y por enriquecimiento ilícito.
El caso será evaluado para determinar si se remite a juicio ante la Sala de Primera Instancia.
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La decisión del alto tribunal se produce en el marco del proceso que vincula a Pardo con los presuntos acuerdos ilegales establecidos con las Farc para acceder a una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo 2002-2006. El excongresista enfrenta además investigación por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, una de las diligencias aún en curso dentro de la Corte Suprema.
El caso fue remitido inicialmente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo la posibilidad de que Pardo fuera considerado un tercero relacionado con la guerrilla. Sin embargo, la JEP determinó que no tenía competencia y devolvió el proceso a la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió que se retomaran las investigaciones y definiciones judiciales sobre la situación del excongresista.
Antecedentes judiciales y la ‘Farcpolítica’
Pedro Nelson Pardo, abogado especialista en Derecho Administrativo, inició su carrera política inició en 2002, cuando fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Guainía. Fue reelegido en 2006, vinculado al partido Alianza Social Indígena (ASI), un movimiento político que representa a comunidades indígenas y afrocolombianas.
Pardo tiene cargos de rebelión y constreñimiento al elector, iniciados desde 2007 cuando el Consejo de Estado le retiró la credencial como representante a la Cámara. Su caso se convirtió en uno de los primeros en relacionar directamente a un político con el escándalo conocido como ‘Farcpolítica’. Según las investigaciones, los ataques del frente 16 de las Farc en Guainía, ordenados por alias el Diablo, habrían influido en los resultados electorales de marzo de 2006, periodo en el que Pardo resultó elegido.
El proceso en su contra cuenta con dos capítulos. Por un lado, su nombre apareció en los computadores de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes recuperados durante la operación Fénix, un hallazgo que vinculó a varios políticos con las Farc. Por otro, el caso se relaciona con el proceso que culminó con la anulación de su elección en 2006, dejando en evidencia la presunta influencia de la guerrilla en la política local.
Próximos pasos en el actual proceso judicial
Con la resolución reciente de la Sala de Instrucción, el siguiente paso será definir si Pardo es remitido a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La medida de no aseguramiento indica que, mientras se evalúa su situación jurídica, el excongresista permanecerá en libertad.
El caso de Pardo es el segundo conocido de políticos colombianos relacionados con las Farc que llega a la Corte Suprema. El primer caso involucró a la exsenadora Piedad Córdoba, que fue inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General de la Nación.
Pedro Nelson Pardo es, sin embargo, el primer excongresista que es llamado a juicio por la Corte Suprema en el caso de la ‘Farcpolítica’, marcando un precedente en la investigación de vínculos entre política y grupos armados ilegales en Colombia.
La Sala de Instrucción evaluará las pruebas documentales y testimoniales, entre las que se incluyen los informes sobre los computadores de alias Raúl Reyes y las investigaciones previas sobre la anulación de su elección en Guainía. El proceso también analiza las posibles conexiones de Pardo con otros contratos y recursos públicos durante su periodo como representante, aunque estos aspectos continúan bajo investigación y no han sido objeto de decisión judicial final.
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