El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa reactivó un pronunciamiento hecho en abril de 2023 en el que, según explicó, advirtió sobre la intención del presidente Gustavo Petro de promover una asamblea nacional constituyente.
Su declaración se da en medio de la discusión pública generada por la presentación del borrador del proyecto de ley que busca convocar dicho mecanismo.
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A través de su cuenta de X, Barbosa escribió: “Advertí sobre la constituyente de Petro el 21 de abril de 2023 en Barranquilla como fiscal General. Dije que Petro plantearía la Constituyente porque las instituciones ya no le servían. En ese momento, muchos analistas de radio y prensa decían que yo exageraba. Hoy son los primeros en decir que lo que hace el presidente Petro es una locura que ataca el sistema constitucional. Acá no queda más que recuperar el país y no ceder ante los discursos edulcorantes de paz total y de relativismo frente al sistema jurídico”.
Junto a su mensaje, el exfiscal compartió el video del evento en el que hizo la advertencia. En la grabación, Barbosa señaló: “Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió a la Fiscalía, de que no le sirvió a la Procuraduría, de que no le sirvió el Congreso de la República, de que no le sirvieron las Cortes y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Ojo con eso, porque en ese sentido si eso se produce todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas”.
Pronunciamiento frente a la propuesta actual
El mensaje del exfuncionario se conoció pocas horas después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentara desde Shanghái (China) el borrador del proyecto de ley con el que el Gobierno propone consultar al pueblo colombiano sobre la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Este texto desarrolla el procedimiento establecido en los artículos 374 y 376 de la Constitución Política, que regulan las reformas a la Carta Magna.
En otra publicación en X, Barbosa se refirió nuevamente al tema y cuestionó el contenido del proyecto: “Son unos desvergonzados. Están desesperados por hacer una constituyente que prohíba la extradición y acabe la separación de poderes. Además, quieren meterle mano a la justicia para nombrar jueces y magistrados dóciles. Este proyecto delincuencial es similar a la ley habilitante del dictador y golpista Hugo Chávez en 1999, inicio del fin de la democracia en Venezuela. Colombia en sus peores horas con unos forajidos y bellacos en el poder. A resistir”.
El borrador presentado por Montealegre plantea que la eventual asamblea constituyente estaría conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular, incluyendo representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, víctimas del conflicto armado, sindicatos, jóvenes, población Lgbtiq+, madres cabeza de familia y colombianos en el exterior. De acuerdo con el texto, la mitad de los delegatarios de cada grupo deberá ser mujer.
El documento del Ministerio de Justicia establece que la asamblea tendría la competencia para reformar la totalidad de la Constitución, aunque con límites expresos. Entre las justificaciones del proyecto, se argumenta la necesidad de dotar al territorio de “garantías constitucionales más claras y eficientes” y de crear “una estructura institucional que permita su cumplimiento”, debido a lo que considera una “ausencia de interés del Legislativo en materia social y los efectos de las omisiones legislativas absolutas”.
Asimismo, el borrador sugiere fortalecer la lucha contra la corrupción mediante una reforma a la Contraloría General para convertirla en un ente investigativo y plantea cambios en la Procuraduría orientados hacia un enfoque de justicia restaurativa. También incluye propuestas de reforma al Congreso, a los partidos políticos y al sistema judicial, para “garantizar una representación más equitativa y meritocrática“.
El pronunciamiento de Barbosa reaviva las tensiones políticas alrededor de la propuesta del Ejecutivo. Desde que se conoció el borrador, distintos sectores han cuestionado los alcances del proyecto y la posibilidad de que se interprete como una sustitución de la Constitución vigente.
Por su parte, el documento del Ministerio de Justicia sostiene que la iniciativa “justifica la necesidad jurídica, ética y política de convocar al pueblo para que decida sobre la implementación de este mecanismo de reforma”, enfatizando que su desarrollo se ajusta a los procedimientos constitucionales existentes.
El debate sobre la viabilidad de la propuesta continuará en el Congreso, que deberá definir si da trámite al proyecto para que sea sometido a control constitucional previo y, eventualmente, a consulta popular.
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