Los ataques realizados por Estados Unidos en aguas internacionales despertaron un intenso debate sobre la legalidad y el respeto al derecho internacional humanitario. Las operaciones, intensificadas en la administración del presidente Donald Trump, se dirigieron principalmente a embarcaciones sospechosas de transportar drogas hacia territorio estadounidense, incluyendo lanchas rápidas y vehículos sumergibles de baja visibilidad, conocidos como “narco-submarinos”.
Frente a esta situación, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch —observatorio regional de derechos humanos—, aseguró para Noticias RCN que “los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales son ejecuciones extrajudiciales” y añadió que “violentan el derecho internacional humanitario”.
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La experta enfatizó que la naturaleza de estas acciones no puede justificarse bajo la lógica de combate a la criminalidad: “Independientemente de si estas embarcaciones transportaban o no drogas de uso ilícito, lo que correspondería sería hacer interdicción, detener a estas personas, investigarlas, juzgarlas y sancionarlas. En ningún escenario, en una lógica de crimen organizado, es posible hacer ataques de este tipo”.
La directora del observatorio alertó de procedimientos legales ignorados
Goebertus profundizó en los criterios legales que, según ella, se ignoraron: “La aplicación o no del derecho internacional humanitario no depende de una declaración política. Depende de los criterios objetivos. Lo que ha establecido el derecho internacional humanitario, interpretado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, es que se requiere un nivel de organización y hostilidad para poder pasar el umbral de disturbios y de criminalidad común a realmente constituir un conflicto armado propiamente; lo primero”
“Y lo segundo: tampoco se han surtido los procedimientos internos en Estados Unidos. Típicamente, Estados Unidos tiene un procedimiento de autorización de declaratoria de un conflicto armado por parte del Congreso. Ese procedimiento no se ha surtido”, agregó Goebertus durante su intervención en el medio citado.
La directora añadió que las decisiones internas de la administración Trump facilitaron el uso de la fuerza: “Dicho sea de paso, esto se da en un contexto en donde la administración Trump ha removido de sus funciones a altos oficiales del cuerpo militar, los llamados judge advocates, que son los encargados de revisar la legalidad de las operaciones”.
De acuerdo con Goebertus, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la reunión en la que llamó a todos los generales, pero antes también a través de una directiva, había reducido considerablemente la supervisión de los ataques aéreos: “Como él dijo en esa reunión, había que flexibilizar el uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento”.
“En ese contexto de flexibilización del uso de la fuerza, incumpliendo sus propios procedimientos internos de autorización del uso de la fuerza letal en un conflicto armado, declaran a través de una declaratoria presidencial un conflicto armado, sin cumplir unos requisitos objetivos”, agregó la experta.
Para concluir su argumento, indicó que la situación no es reciente y que ha cobrado numerosas vidas: “Además, un fenómeno que no es nuevo: la criminalidad organizada es dura, es responsable de la mayor cantidad de homicidios en América Latina, pero eso no quiere decir que sea un conflicto armado”.
El Gobierno estadounidense, por su parte, sostiene que estos ataques buscan neutralizar a los llamados “narcoterroristas” vinculados a grupos criminales y a ciertos gobiernos de América Latina, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia, y del régimen venezolano, en cabeza de Nicolás Petro.
Las operaciones se ejecutaron principalmente en aguas internacionales del mar Caribe y del océano Pacífico, utilizando barcos, aviones y fuerza letal para destruir las embarcaciones. Desde la administración de Donald Trump se asegura que la capacidad para mantener estas acciones es “ilimitada” y justifica las operaciones bajo la premisa de proteger a sus ciudadanos de un “arma mortal”.
Sin embargo, estas acciones generaron controversia internacional, como la del presidente colombiano, Gustavo Petro, que advirtió sobre los riesgos a la soberanía debido a que las operaciones se realizaron en aguas territoriales y afectó a civiles inocentes, como el caso de un pescador —aunque Trump dijo que era un criminal—.
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