Advierten por riesgos de la propuesta de una asamblea constituyente en vísperas de las elecciones de 2026

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) manifestó su rechazo categórico al anuncio del Ministerio de Justicia de un proyecto para convocar una asamblea nacional constituyente, y reafirmó su compromiso con la protección del orden constitucional vigente.

En un comunicado, recordó que la Carta Política de 1991 “es producto de un gran acuerdo nacional que permitió superar décadas de violencia política y exclusión social”, y resaltó que su adopción representó un hito en la consolidación de la democracia y en la garantía de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

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La fundación también destacó que la Constitución ha servido como marco de estabilidad institucional, permitiendo el desarrollo de políticas públicas de largo plazo y la protección de los principios democráticos.

Defensa de la Constitución de 1991

De acuerdo con el comunicado, la Constitución de 1991 ha significado “conquistas históricas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales”, los cuales se garantizan a través de mecanismos como la acción de tutela. La fundación señaló que este marco constitucional ya incluye los procedimientos democráticos necesarios para su reforma, entre ellos los actos legislativos, los referendos y la propia asamblea nacional constituyente, los cuales permiten modificar la Carta dentro del orden jurídico vigente y con respeto a la separación de poderes.

Además, resaltó que estos mecanismos aseguran la participación ciudadana, el debate público y el control de constitucionalidad, elementos fundamentales para preservar el Estado social de derecho.

La fundación enfatizó que el texto constitucional ha permitido importantes avances en materia de justicia, equidad de género, descentralización, participación ciudadana y control del poder. Según FEDe. Colombia, “algunos de los desafíos urgentes del país pueden enfrentarse dentro del marco constitucional actual”, por lo cual no existe vacío normativo ni bloqueo institucional que justifique abrir un nuevo proceso constituyente. Subrayó que el respeto por la Constitución garantiza estabilidad, certidumbre jurídica y continuidad de las políticas públicas en todo el territorio nacional.

Riesgos para la estabilidad institucional

La fundación advirtió que promover una asamblea constituyente en vísperas del proceso electoral de 2026 representa un grave riesgo para la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Según el comunicado, la propuesta del Gobierno introduce incertidumbre sobre las reglas del juego democrático, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y podría interpretarse como un intento de modificar el marco constitucional de cara a los comicios. La convocatoria anticipada podría generar tensiones políticas y sociales, afectando la normalidad de los procesos electorales y la gobernabilidad.

El documento añade que esta discusión podría afectar la independencia de los organismos electorales, desincentivar la participación política de algunos sectores y abrir espacio a la demagogia y a la manipulación de la ciudadanía. FEDe. Colombia subrayó su preocupación por “el uso demagógico de la idea del ‘poder constituyente del pueblo’”, al considerar que este tipo de planteamientos podrían justificar rupturas institucionales y dar paso a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales.

Para la fundación, este tipo de escenarios amenazaría la estabilidad democrática, el modelo económico y el propio Estado de Derecho, pilares que —según remarcó— han sido fundamentales para el desarrollo político e institucional del país desde 1991.

Llamado al respeto de los mecanismos constitucionales

El comunicado concluye con un llamado al Ejecutivo y al Congreso de la República para respetar y fortalecer los mecanismos constitucionales existentes, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes. “La defensa de la Constitución es la defensa del Estado de Derecho”, afirmó la fundación.

FEDe. Colombia exhortó a las autoridades nacionales a que las reformas sociales y económicas se tramiten dentro del marco constitucional vigente, con participación ciudadana, debate público y control de constitucionalidad. Además, reiteró que la legitimidad de la Constitución de 1991 “no radica en la unanimidad, sino en la aceptación colectiva de las reglas democráticas”, y que abrir un proceso constituyente en el contexto actual podría poner en riesgo el pacto básico de la democracia.