Un porcentaje significativo de los agentes de tránsito de Bogotá enfrenta investigaciones disciplinarias, según denunció el concejal Julián Forero y lo confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad a través del radicado SGM 202530010462221.
De los 450 agentes que operan en la ciudad, 176 están siendo investigados por faltas graves, que incluyen desde el incumplimiento del manual de funciones hasta actos de corrupción. Los datos, proporcionados en respuesta a una solicitud formal del cabildante, revelan que las principales conductas investigadas son el incumplimiento del manual de funciones y procedimientos (96 casos), abuso de autoridad (22), irrespeto a las personas (17), actos de corrupción (13) y otras faltas como extralimitación de funciones, falsedad documental o incumplimiento del horario.
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Forero resaltó que “más del 39% de los agentes de tránsito de Bogotá están siendo investigados por diferentes causas, siendo la más transgredida el incumplimiento de funciones y procedimientos”. El concejal enfatizó en la obligación constitucional y legal que tienen los servidores públicos de actuar conforme a la ley, objetivo que, según él, se ve constantemente vulnerado por algunos funcionarios.
El edil citó el artículo 122 de la Constitución, que establece el deber de jurar cumplimiento y defensa de la Carta Magna y los deberes inherentes al cargo. Asimismo, recordó el capítulo 4 del Título II del Manual de Infracciones de Tránsito, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 003027 de 2010, que obliga a los agentes a identificarse y mantener un trato amable y respetuoso, incluso al atender infracciones. Pese a ello, Forero ha recogido múltiples denuncias ciudadanas que advierten sobre actitudes “agresivas, desafiantes e imponentes” de parte de algunos uniformados.
El comportamiento investigado de los agentes no es el único motivo de alerta. Datos oficiales de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Movilidad muestran que, entre 2020 y 2025, se abrieron 482 investigaciones disciplinarias, pero solo tres concluyeron en fallos sancionatorios contra los agentes, mientras que 1.106 autos inhibitorios impidieron siquiera iniciar pesquisas por denuncias ciudadanas.
Durante el mismo periodo, el registro anual de actuaciones detalla que las investigaciones oscilaron entre 19 y 189 por año, con archivos que varían entre 156 y 306 casos al año. Pese a los reiterados incumplimientos identificados, hasta agosto de 2025 no se ha exonerado a ningún ciudadano de los más de 300.000 comparendos impuestos, según especificó el concejal.
Forero indicó que esta falta de consecuencias reales sobre los agentes y el nulo beneficio para los conductores que cuestionan un procedimiento, pone en evidencia el “interés de la Secretaría por asegurar el recaudo, incluso cuando los funcionarios no siguen el protocolo o comenten errores”.
La preocupación por las irregularidades en la gestión de la movilidad en la capital no es reciente. En abril de 2025, el funcionario ya había denunciado una serie de irregularidades que involucran tanto a agentes civiles de tránsito como a las grúas de la concesión G&P, contratadas por la Secretaría para la inmovilización de vehículos. De acuerdo con Forero, al menos 29 agentes presentan infracciones graves pendientes por conductas como exceso de velocidad, estacionamiento irregular, conducir sin Soat ni técnico-mecánica, portar licencias vencidas o incluso manejar bajo efectos del alcohol.
Utilizando información del Simit y la Secretaría de Movilidad, el concejal especificó que 19 de estos funcionarios han sido sancionados por exceso de velocidad, sumando algunos hasta cinco infracciones distintas. Señaló la “incoherencia” de sancionar a la ciudadanía mientras los propios agentes vulneran las normas de tránsito sin recibir medidas ejemplares. Además, criticó la falta de acción de la secretaría, presidida por la ingeniera Claudia Díaz, a quien responsabilizó de tolerar este tipo de comportamientos en el cuerpo de agentes y en el manejo de las grúas concesionadas.
Forero concluyó que el escenario actual exige una revisión profunda de los protocolos institucionales y mayor rigor en la depuración de los agentes responsables para restablecer la confianza ciudadana y garantizar que la autoridad de tránsito no actúe al margen de la normativa vigente.
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