
Emergencia al llano ya completa cerca de seis semanas, luego de que se presentara un deslizamiento de tierra en el kilómetro 18+600, lo que ha ocasionado un sinfín de problemas de movilidad para viajeros y transportadores, además del déficit de abastecimiento de alimentos y mercancía en las diferentes centrales del país por la falta de paso en el lugar.
Por ello, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina, continúan realizando labores para remover el material que se desprendió de la tierra y controlar el manejo de agua que está desde el inicio del derrumbe, actividades que tardan aproximadamente unos 45 días, por lo que se estima que a finales del mes de noviembre se pueda dar paso en el kilómetro 18 de la vía.
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Ricardo Postarini, gerente de Coviandina, con respecto a esta meta comentó que “nosotros hemos mandado comunicación solicitando que nos indiquen qué es lo que se va a hacer o qué se está haciendo y cómo van a dar ese carril o dos carriles a la vía. Nosotros vemos que están retirando material, están haciendo terrazas, de abajo hacia arriba”.
Estas obras se están ejecutando gracias al giro de los recursos que están cerca de los nueve mil millones de pesos por parte del Estado.
Sin embargo, la Contraloría asegura que hace falta mayor inyección de dinero por parte del Gobierno, por lo que Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, solicitó a diferentes entidades que se organicen las finanzas destinadas para llevar a cabo todas las actividades correspondientes a esta carretera.

“Que se realicen tres acciones inmediatas, la primera de ellas, una mesa de trabajo, la próxima semana con las autoridades del Gobierno nacional que administran la infraestructura vial, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura para presentar un balance del estado de los procesos de responsabilidad fiscal que hoy cursan en la Contraloría y para solicitar una auditoría especializada a la concesión”.
Encuentros entre el Gobierno nacional y la concesión dieron como resultado el compromiso de llevar a cabo obras definitivas entre los kilómetros 16 y 18 del corredor vial, que tendrían un costo de más de cincuenta mil millones de pesos, costo que también implica la compra de varios predios que se encuentran en los terrenos de estos dos kilómetros.
“Los predios habrá que comprarlos, dentro del estudio que se haga, hay que hacer un estudio predial para indicar cuáles son las áreas y cuál es su valor”, dijo Postarini.

Dentro de las estimaciones, serán cerca de 25 terrenos a los que deberán hacerse para poder continuar con los trabajos.
En un reciente informe, la Contraloría verificó que en el tramo que conecta Cáqueza y Villavicencio, conocido como Tercios 2 y 3 de la vía, ya opera una doble calzada de 52 kilómetros de extensión bajo los contratos de concesión firmados entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Coviandes y Coviandina. Esta obra, según la constatación de la entidad de control, cumple con lo pactado para el sector citado.

Respecto al primer tercio de la ruta, que abarca el trayecto entre Usme y Cáqueza con una longitud de 34 kilómetros, la Contraloría precisó que la única obligación vigente para el concesionario consiste en la operación y el mantenimiento del corredor. Esta responsabilidad permanece inalterada desde la firma original del contrato de concesión con Coviandes, de acuerdo con la misma fuente.
La entidad subrayó que, en este segmento inicial, no existe compromiso contractual para nuevas obras de infraestructura, pues la concesión estableció desde el comienzo restricciones centradas en el cuidado y la administración de la vía.
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