
Migración Colombia confirmó que inició averiguaciones preventivas para determinar si hubo fallas en los procedimientos de control migratorio en el caso de la exreina cartagenera Natalia Vidales Martelo, denunciada penalmente por haber sacado a su hijo recién nacido del país de manera irregular.
La entidad precisó que el proceso busca esclarecer si funcionarios migratorios fueron inducidos en error durante la salida del país del menor de edad, hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2024, cuando el niño habría sido trasladado a Madrid, España, con documentos presuntamente falsificados.
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“De manera preventiva inició averiguaciones internas para establecer si se presentó alguna irregularidad en los procedimientos de control migratorio o si se trató de un intento de inducir en error a un funcionario mediante el uso de documentación adulterada”, señaló Migración Colombia con relación al caso.
Mediante un comunicado oficial, la entidad agregó: “Migración Colombia reitera su total disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación y con las demás autoridades competentes. La entidad aportará toda la información, los registros y los elementos técnicos necesarios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, dentro del marco de sus competencias legales”.
Sobre la investigación penal contra la exreina

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra Natalia Vidales Martelo por su presunta participación en la falsificación de una escritura pública que habría sido utilizada para evadir los controles migratorios. Según la denuncia penal interpuesta por Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del menor, la exreina habría presentado un documento notarial que simulaba su consentimiento para la salida del niño del país.
De acuerdo con el expediente, la escritura pública número 4.589, supuestamente protocolizada el 17 de diciembre de 2024 en la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena de Indias, habría sido el soporte que permitió a Vidales Martelo obtener la autorización migratoria. Sin embargo, el denunciante sostiene que “jamás firmó ni otorgó autorización alguna para la salida del niño del territorio nacional” y que la firma incluida en el documento “fue falsificada con el propósito de inducir en error a las autoridades migratorias”, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
El documento presuntamente adulterado fue utilizado para obtener la aprobación de salida del país ante los funcionarios de Migración Colombia, sin contar con la verificación de autenticidad por parte de la autoridad migratoria ni de la notaría donde supuestamente se había expedido.
Posibles cargos por falsedad en documento y fraude procesal

La investigación también busca determinar la autenticidad del documento y la eventual participación de funcionarios en el trámite. De acuerdo con información de la Notaría Sexta, durante el año 2024 se radicaron aproximadamente 3.996 escrituras, lo que ha generado interrogantes sobre la existencia del número 4.589 presentado por la exreina.
El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, apoderado del denunciante, explicó que los hechos podrían configurar los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, ya que se habría utilizado un documento presuntamente falso para obtener una decisión administrativa contraria a la ley. “El delito de fraude procesal se configura cuando una persona, mediante medios fraudulentos, induce en error a un servidor público para conseguir un acto administrativo ilegal. En este caso, la autorización de salida del país del menor se habría obtenido de manera irregular”, señaló el jurista.
En caso de comprobarse los hechos, las penas contempladas en el Código Penal Colombiano por falsedad en documento público oscilan entre cinco y doce años de prisión, mientras que el fraude procesal puede acarrear condenas de seis a doce años.
Retorno del menor y seguimiento judicial
Tras la denuncia interpuesta por el padre del menor, un juez de familia ordenó el retorno del niño a Colombia, medida que se hizo efectiva el 26 de agosto de 2025, ocho meses después de su salida del país. El expediente judicial indica que el menor regresó acompañado de autoridades competentes y fue puesto bajo la custodia temporal de su padre, quien se reencontró con él en septiembre del mismo año.
El denunciante manifestó que busca la protección de los derechos del niño y la determinación de las responsabilidades institucionales. “No solo se trata de la falsificación de una escritura, sino de un procedimiento migratorio que pasó sin los controles adecuados”, se lee en el documento radicado ante la Fiscalía.
La denuncia también solicita que se investigue la actuación de funcionarios de la Notaría Sexta y de Migración Colombia por una posible omisión en la verificación de los documentos presentados el día del viaje.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de indagación preliminar, mientras las autoridades recaudan pruebas documentales y testimoniales. De acuerdo con el abogado Rodríguez, “la justicia debe esclarecer cómo un documento presuntamente falsificado logró pasar los filtros institucionales y permitir la salida del país de un recién nacido sin el consentimiento de su padre”, con el fin de determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el procedimiento migratorio.
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