El reciente embargo judicial por más de $422.000 millones impuesto a la Nueva EPS por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia, Caquetá, ha encendido las alarmas en el sector salud colombiano.
La entidad advierte que esta medida pone en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados en todo el país, afectando la prestación de servicios médicos esenciales y la estabilidad financiera de la aseguradora.
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“De gran preocupación calificó el equipo interventor de la Nueva EPS el hecho de que la entidad haya sido objeto de un nuevo embargo judicial, ampliando dicho límite a $422.466.580 millones de pesos”, señaló el comunicado de la aseguradora.
Según la entidad, el embargo se reanudó el pasado 10 de octubre, consolidando a la Nueva EPS como la aseguradora más grande del país afectada por este tipo de medidas.
El despacho judicial de Florencia concentra el 45,9 % de las demandas ejecutivas en contra de la EPS, convirtiéndose en el juzgado que más medidas cautelares ha decretado a nivel nacional.
Entre las instituciones prestadoras de salud (IPS) con mayor número de procesos de embargo figuran la Clínica Médicos del Cesar, Avidanti S.A.S., Oncólogos del Occidente S.A.S., Clínica Uros S.A.S. y la Fundación Cardio Infantil.
La EPS advierte que estas acciones judiciales “se han convertido en una práctica reiterada por parte de clínicas y hospitales, quienes buscan acelerar o evadir decisiones administrativas en curso para obtener pagos inmediatos”.
Según la entidad, este proceder afecta directamente el funcionamiento financiero y operativo, comprometiendo la continuidad de la prestación de servicios y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de salud.
La Agente Interventora de la Nueva EPS, Gloria Polanía, expresó su preocupación ante la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Polanía destacó que “el embargo de recursos destinados a la atención de salud afecta el servicio de salud que se le brinda a los más de 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional”.
Asimismo, subrayó la importancia de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son fundamentales para garantizar la prestación de servicios.
“Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud, tienen una naturaleza parafiscal y son inembargables, como lo establece el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Esta medida judicial no solo vulnera el orden jurídico, sino que compromete gravemente el patrimonio público y, lo más importante, afecta la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”, afirmó Polanía.
La Nueva EPS advierte que el embargo “ha sido decretado en un contexto de uso reiterado de mecanismos judiciales, busca acelerar la resolución de decisiones administrativas en curso, sin que se respeten los mecanismos de conciliación que permiten mantener el equilibrio en el flujo de pagos entre las partes involucradas”.
Este tipo de acciones, según la entidad, altera el normal funcionamiento financiero, lo que podría traducirse en retrasos en la atención médica, cancelaciones de procedimientos y dificultades para la contratación de personal y medicamentos.
La Procuraduría General de la Nación ya había alertado a los jueces del país, mediante la Circular 014 de 2018, sobre la prohibición de decretar embargos sobre los recursos de la UPC. En ese documento se recuerda que tales decisiones “contravienen el principio de protección de los derechos sociales y ponen en peligro la estabilidad del sistema de salud”.
El equipo interventor de la Nueva EPS insiste en que los mecanismos judiciales no deberían reemplazar los procesos de conciliación establecidos, que permiten resolver los conflictos entre las partes sin comprometer los servicios de salud.
En el comunicado, la EPS hace un llamado a los actores involucrados en estos procesos judiciales a “tomar en cuenta las implicaciones legales y sociales de sus acciones, con el fin de garantizar la transparencia y sostenibilidad del sistema de salud, y preservar los principios constitucionales que rigen la atención a los afiliados en todo el país”.
La entidad enfatiza que la reiteración de estos embargos sin agotar los procedimientos de conciliación vulnera el marco legal, compromete el patrimonio público y amenaza la continuidad de la atención a millones de usuarios.
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