El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acató la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se retractó públicamente de las afirmaciones vertidas contra el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien había acusado de supuestos vínculos con el narcotráfico y de favorecer a implicados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
La controversia se reavivó cuando Petro, tras la orden judicial, insistió en sostener sus dudas respecto de la actuación del fiscal en este caso.
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Durante el mensaje de rectificación, difundido a través de su cuenta en X, el mandatario expresó que “reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
El presidente también subrayó que el fiscal Mario Andrés Burgos fue asignado por sugerencia de la exfiscal general Marta Mancera para liderar el caso contra su hijo.
Petro añadió: “Las manifestaciones que he realizado sobre la actuación profesional del fiscal Burgos constituyen juicios de valor y opiniones críticas emitidas en ejercicio del control político propio de mi investidura y en el marco del debate democrático”.
Estas declaraciones buscaban dar cumplimiento a la orden específica del tribunal, que pedía reconocer la falta de condenas o sanciones en contra de Burgos a la fecha.
No obstante, Gustavo Petro reafirmó su postura crítica y compartió comentarios adicionales respecto a la investigación del caso Pecci.
Gustavo Petro sigue tirando pullas: “Siguen mis interrogantes”
“No señores de Caracol, lo único que me da orden el tribunal es decir que el señor Burgos no está condenado, punto, por tanto hoy se supone la presunción de inocencia, pero sigue vigente mis interrogantes y no obvia que Burgos no haya, de manera muy extraña, investigado al principal sospechoso del asesinato del fiscal paraguayo Pecci: el señor (Sebastián) Marset (polémico narco uruguayo), confederado en la junta del narcotráfico”, publicó el mandatario en respuesta a la cobertura de Noticias Caracol sobre el caso.
El presidente Petro argumentó que “el señor Marset es o era dueño del negocio de la exportación de cocaína entre Bolivia y Paraguay, por eso era investigado por Pecci y lavaba su dinero con empresas de espectáculos en Medellín y con una iglesia autodenominada cristiana. ¿Quién podría querer matar a Pecci? Pues el principal sospechoso es el poderoso capo de la mafia que investigaba, ¿por qué su nombre no aparece en el expediente que adelantaba Burgos?”.
Petro continuó señalando que, según información recibida, Marset y sus socios controlaron rutas de cocaína por el puerto de Buenaventura y habrían contado con apoyo dentro de la Fiscalía General de la Nación.
“Marset y sus socios dominaron la exportación de cocaína por el puerto de Buenaventura y usaron otro servidor de la fiscalía: el director del CTI en Buenaventura, para exportar decenas de toneladas, y se investiga la presencia de más fiscales y funcionarios del CTI en el círculo de la junta del narcotráfico, ya hay varios presos, que coinciden con los que investigaron a mi hijo y con el escolta del CTI de la nueva fiscal que investiga a mi hijo”, señaló.
El jefe de Estado sugirió que la investigación “alcanza a la exfiscal general Martha Mancera”, quien, según él, fue recomendada por el exfiscal Francisco Barbosa para dirigir la fiscalía durante la investigación a su hijo. A criterio de Petro, estos vínculos justifican sus cuestionamientos acerca de la estructura institucional encargada de casos sensibles.
La retractación pública de Gustavo Petro supone el cumplimiento formal de la determinación judicial, pero deja en evidencia la persistencia de tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía.
El caso Pecci, el papel del fiscal Burgos y los señalamientos en torno a estructuras criminales vinculadas a delitos transnacionales continúan generando debate y solicitudes de esclarecimiento por parte del mandatario.
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