Peligro para los turistas en playas de Cartagena: tribunal ordenó señalización urgente

El Tribunal Administrativo de Bolívar impuso a las autoridades de Cartagena la obligación de implementar, en un plazo máximo de sesenta días, una señalización rigurosa en las principales playas de la ciudad, luego de constatar un riesgo grave e inminente para la vida e integridad de los bañistas.

Esta medida surge como respuesta a una serie de accidentes fatales ocurridos en zonas turísticas, en la que la ausencia de demarcación ha permitido la peligrosa convivencia de embarcaciones y personas en el agua.

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El fallo, emitido el 3 de octubre de 2024, ordena tanto al Distrito de Cartagena como a la Dirección General Marítima (Dimar) la instalación de señales que cumplan con los estándares de seguridad y la normativa vigente sobre ordenamiento costero.

La resolución abarca playas frecuentadas por turistas y locales, entre ellas, Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Marbella, Manzanillo del Mar, Playa Blanca, Cholón y las de la isla de Tierra Bomba.

El objetivo es delimitar de forma clara y visible las áreas exclusivas para bañistas y diferenciarlas de aquellas destinadas al tránsito, zarpe y arribo de lanchas, motos acuáticas y otras embarcaciones.

La urgencia de la medida se fundamenta en antecedentes trágicos. El 2 de junio de 2024, Juan David Cervantes, de 28 años, perdió la vida en Cholón al lanzarse de una embarcación y ser alcanzado por las hélices.

Un caso similar ocurrió el 30 de noviembre de 2019, cuando Valentina González Medina, de 21 años, fue impactada por un yate en la misma zona. Según el Tribunal, estos incidentes evidencian la falta de control y señalización, lo que motivó la acción judicial.

La acción popular que dio origen a la orden fue presentada por la Fundación Leypoar, representada por el abogado Joaquín Torres. En la demanda, la organización expuso una lista de accidentes náuticos, incluyendo uno con motos acuáticas en Bocagrande, y reclamó la protección de los derechos colectivos al uso y goce del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles.

Además, solicitó que se establezcan límites de velocidad y distancias mínimas para las embarcaciones en las zonas de baño, así como la inclusión de los muelles de la bahía y áreas de fondeo de yates y veleros en la reglamentación.

El Tribunal, en ponencia del magistrado Jean Paul Vásquez, subrayó que la falta de señalización adecuada en las zonas de zarpe y arribo de embarcaciones “expone a los bañistas a un riesgo constante de colisiones y accidentes con estos vehículos acuáticos”.

En su medida cautelar, el Tribunal enfatizó: “La medida a adoptar no puede ser otra que emitir órdenes de señalización para intentar, al menos, preliminarmente, hacer cesar o mitigar la amenaza y el grave riesgo de todas aquellas personas que en medio de actividades recreativas y de descanso, terminan en medio de la zona de zarpe y arribo de vehículos náuticos; ello, hasta tanto se resuelva de fondo el presente asunto de interés colectivo”.

La señalización ordenada deberá ser comprensible y visible, utilizando boyas, boyarines, trenes de fondeo y señales verticales, además de textos y símbolos universales de fácil entendimiento para cualquier usuario.

Los materiales empleados deberán resistir la exposición al sol, la sal y el viento, garantizando su durabilidad. También se deberán demarcar zonas de reposo para bañistas y ubicar las señales en puntos estratégicos que orienten tanto a los usuarios como a los operadores de embarcaciones antes de ingresar o salir de las áreas comunes.

El Tribunal dispuso que los salvavidas asignados a las playas priorizadas activen protocolos de seguridad cada vez que detecten la presencia de naves o motonaves en las zonas de baño. “Deberá instruirse a salvavidas asignados para las playas de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Tierrabomba, Marbella, Manzanillo del Mar, Playa Blanca y Cholón, que cuando se percaten de la presencia de naves o motonaves zarpando, navegando o arribando por la zona de playa, activen el protocolo de seguridad para estos fines, diseñado y regulado por el Distrito de Cartagena”, establece el auto.

En el proceso, la Alcaldía de Cartagena informó que ha avanzado en la gestión de dispositivos de seguridad, como la construcción de un embarcadero en Cholón y la reactivación de un proyecto de señalización marítima aprobado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de Fontur. Este proyecto contempla la instalación de un sistema de señalización náutica en Playa Blanca e isla Barú (Cholón), con convenios específicos ya establecidos.

Además, el Distrito concluyó la consulta previa para la instalación de boyas en Cholón. No obstante, el Tribunal consideró que estas acciones resultan insuficientes ante la magnitud del problema y la inminencia de la temporada alta turística.

El abogado Joaquín Torres relató que la acción popular fue motivada por experiencias personales de riesgo en las playas de la ciudad.

“El 23 de diciembre pasado estaba en la playa de Tierrabomba con mi hija menor, pasó un jetski a altísima velocidad y estuvo a punto de arrollarla. Esto me motivó a defender la vida de todos los turistas de Cartagena”, expresó Torres. Tras la decisión judicial, celebró que “ahora los bañistas van a poder estar tranquilos y disfrutar, porque habrá una zona exclusiva para ellos y otra para el tránsito de motonaves”, dijo Torres.

El Tribunal reiteró que tanto la Dimar como el Distrito de Cartagena tienen la obligación de prever los riesgos y adoptar medidas efectivas para proteger la integridad de los bañistas. La ausencia de demarcación y señalización constituye, según el auto, una amenaza permanente a derechos como la seguridad pública, el uso adecuado del espacio público y el ambiente sano.

“Si bien se acreditaron gestiones puntuales por parte del Distrito de Cartagena, ante la falta de señalización de playas en la ciudad, lo cierto es que estas acciones no han dado solución definitiva a la problemática descrita”, señala la resolución.

La notificación de la decisión ya fue recibida por la Alcaldía de Cartagena y la Dimar, que deberán coordinar esfuerzos técnicos y logísticos para cumplir con la orden judicial y garantizar la seguridad en las playas antes de la llegada de la temporada alta.