El debate en torno a la validez de los títulos otorgados por la Universidad San José cobró fuerza tras la decisión de la institución de anular el diploma de Juliana Guerrero, que había sido propuesta para el cargo de viceministra de Juventud.
La universidad argumentó que la joven no cumplió con el requisito de presentar el examen Saber Pro, indispensable para graduarse en Colombia.
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Este episodio puso bajo la lupa el modelo académico que la universidad promueve bajo el nombre de “Neoeducación”, así como la figura de las llamadas “NeoUniversidades”.
El Ministerio de Educación respondió a El Colombiano sobre la legalidad de estos conceptos, señalando que “a la fecha, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla o desarrolla una figura o modelo denominado ‘Neoeducación’ o ‘Neouniversidades’ como modalidad diferenciada de formación”, según consta en una carta firmada por Martha Elena Hernández Duarte, subdirectora técnica de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.
La entidad aclaró que, aunque la Universidad San José utiliza estos términos en su publicidad institucional —en los que se presenta como la “primera NeoUniversidad de Latinoamérica”—, tales denominaciones no tienen reconocimiento oficial en el marco normativo vigente.
A pesar de la controversia, el Ministerio de Educación confirmó que la Universidad San José cuenta con reconocimiento oficial y ha sido distinguida como “Experiencia significativa en Educación Superior” por la propia cartera.
Se trata de una institución habilitada para ofrecer programas profesionales y de posgrado, aunque su nivel de reconocimiento en el sector es limitado.
El término “neoeducación” ha sido empleado en ciertos ámbitos académicos y tecnológicos para describir enfoques innovadores que buscan transformar la educación tradicional. Sin embargo, el Ministerio de Educación subrayó que el aseguramiento de la calidad en la educación superior está regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015, que establecen las condiciones institucionales y de programa evaluadas por el Ministerio con el apoyo de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).
En su comunicación oficial, la entidad precisó que “las instituciones de educación superior (IES) gozan de autonomía universitaria, lo que significa que pueden darse y modificar sus estatutos, organizar sus programas académicos, definir sus estructuras internas y adoptar modelos pedagógicos propios, siempre dentro del marco legal y garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas por el Estado”.
No obstante, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) evalúa los programas académicos e institucionales conforme al modelo de acreditación en alta calidad del Sistema Nacional de Acreditación, y “no existe, en este momento, un régimen diferenciado para programas denominados bajo ‘Neoeducación’”, según la respuesta ministerial.
El Ministerio de Educación enfatizó que “cualquier institución que se autodenomine como ‘Neouniversidad’ o que afirme desarrollar un modelo de ‘Neoeducación’ debe cumplir con la totalidad de los requisitos legales vigentes en materia de registro calificado y aseguramiento de la calidad”, según información publicada por El Colombiano.
El caso de Juliana Guerrero ha intensificado el escrutinio sobre estos modelos. La joven, que pasó rápidamente de técnica a tecnóloga y luego a profesional en contaduría pública, obtuvo su grado en julio. Sin embargo, la universidad comunicó a finales de septiembre que anularía su título debido a la ausencia del examen Saber Pro, un requisito obligatorio para la obtención del grado en Colombia.
Guerrero afirmó, a El Colombiano, que la universidad no le ha retirado el título: “No me están quitando el título, yo me gradué el 19 de julio y me dicen que me falta presentar la prueba Saber Pro, que ya estoy inscrita para presentarla. Lo que entiendo es que no puedo presentar el título hasta que no cumpla ese requisito del examen. A mí no me ha notificado la universidad de nada, pero entiendo que no me quitan el título”.
Hasta el momento, el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes sigue sin darse por la polémica desatada por sus estudios universitarios.
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