El concejal de Bogotá Daniel Briceño advirtió que si el Pacto Histórico cancela la consulta programada para el 26 de octubre, los colombianos perderán 123.406.794.418 pesos colombianos, monto asociado al costo ya contratado para la organización del evento.
Briceño señaló que esta consulta fue propuesta y solicitada por dicha colectividad; sin embargo, está en veremos, luego de la salida de Daniel Quintero, que integraba la triada de candidatos a la Presidencia por el partido progresista.
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Según Briceño, en caso de suspensión, se generaría el desperdicio de estos fondos públicos, ya que la inversión en logística y organización no podría recuperarse.
El evento está completamente contratado, y una marcha atrás dejaría sin justificación el gasto realizado.
Registraduría firmó cláusula adicional por $123 mil millones para la logística de la consulta popular del 26 de octubre de 2025
Briceño sustentó su denuncia con las cláusulas adicionales que tiene la Registraduría, con respecto al contrato No 069 de 2025.
Estas cláusulas incluyen pagos específicos y responsabilidades para los contratistas en distintas regiones del país. El documento establece procedimientos, entregables, plazos y montos vinculados a la contratación de soluciones tecnológicas que facilitan la organización de comicios, con el propósito de garantizar la organización y realización de la consulta popular, interna o interpartidista, prevista para el 26 de octubre de 2025.
Según el documento, la contratación busca implementar una solución integral logística, informática y de servicios que permita la toma de decisiones y la escogencia de candidatos de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos.
El Registrador Nacional declaró la urgencia manifiesta para llevar a cabo esta contratación, conforme a la Resolución 12573 del 2 de octubre de 2025, con el fin de adelantar los procesos de selección y ejecución de manera expedita.
Según el documento, la entidad explicó que el comité de contratación recomendó continuar los trámites contractuales tras evaluar la experiencia profesional de la Unión Temporal seleccionada, encargada de ejecutar el proyecto. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 115325, expedido también el 2 de octubre, respalda los recursos para su financiamiento.
Los valores expuestos en las cláusulas adicionales
El valor total del contrato asciende a $123.406.794.418, incluidos impuestos y erogaciones adicionales. De esta suma, $117.675 millones corresponden a servicios profesionales, científicos y técnicos; $5.239 millones al transporte de carga; y $491 millones al arrendamiento o alquiler sin operario.
El plazo de ejecución se extiende hasta el 18 de noviembre de 2025, contado desde la suscripción del acta de inicio.
En cuanto a la forma de pago, la Registraduría realizará un primer desembolso del 80% una vez se certifique la recepción satisfactoria de los servicios, y un segundo pago del 20% al finalizar y liquidar el contrato, previa verificación del cumplimiento total.
La polémica por la petición a la “reimpresión” de los tarjetones
La solicitud de reimpresión de 39 millones de tarjetones para la consulta interna del Pacto Histórico generó controversia tras la salida de Daniel Quintero como precandidato presidencial.
La petición, presentada por Carolina Corcho, Iván Cepeda y el propio Quintero, argumenta que el diseño actual del tarjetón puede inducir a error sobre el alcance de la votación y afectar la participación en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo de 2026.
El asesor del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, advirtió que la redacción del tarjetón invita a elegir un “candidato presidencial”, lo que podría interpretarse como una selección directa para la elección del 31 de mayo de 2026 y limitar la participación en procesos posteriores.
Los solicitantes reconocieron el riesgo de un “detrimento patrimonial” por los altos costos de una nueva impresión, ya que la Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos, ya imprimió aproximadamente 39 millones de tarjetones y el 70% de ellos está listo, según confirmó el Registrador Delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona.
La senadora y precandidata opositora María Fernanda Cabal criticó la solicitud y cuestionó el gasto público: “¿Es que acaso eso salió gratis? La consulta del 26 nos costará a los colombianos 200 mil millones de pesos en un país sin plata para la salud, educación y seguridad”.
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