El fracaso de la audiencia de acusación contra José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, se debió a un error de la Fiscalía General relacionado con la entrega incompleta del descubrimiento probatorio.
El juez del caso intervino de manera enfática, resaltando la gravedad de la omisión y exigiendo que toda la documentación y anexos fueran entregados a las partes involucradas.
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“Todo el descubrimiento. Vea, nosotros en todos los juicios, y por eso pido los teléfonos, hacemos un grupo de Whatsapp. Con todos. ¿Para qué? Para que haya un solo canal de información... todos los anexos, todo lo que necesiten los señores imputados para su defensa. Todos. Además, porque es obligación suya. No es una formalidad. No es una amabilidad. Es una obligación", afirmó el juez del caso.
Durante la diligencia, el juez subrayó que la Fiscalía debía remitir la totalidad de los documentos y anexos, sin excepciones, para garantizar la transparencia y el acceso equitativo a la información.
Como medida, propuso la creación de un grupo de Whatsapp que incluyera a los imputados, sus abogados principales y suplentes, los representantes de las víctimas y el Ministerio Público, con el fin de establecer un canal único para compartir toda la información relevante.
La situación generó intervenciones de los abogados defensores y de los representantes de las víctimas, quienes solicitaron claridad sobre el alcance de la documentación que debía entregarse y sobre la modalidad de las próximas audiencias.
“Lo que sí sé es que hay dos actos, hay uno de descubrimiento y otro posterior de entrega. Eso sí, lo tengo suficientemente claro. Pero para evitar suspicacias, doctor, eh, y para evitar alguna maniobra que dilate de alguna manera nuestro proceso, eh, nuestro juicio, yo le sugeriría que actúe en consecuencia (SIC)”, continuó explicando el Juez.
Uno de los abogados preguntó si la audiencia sería presencial y pidió precisión sobre los documentos que la Fiscalía debía remitir.
El fiscal respondió que, junto con el escrito de acusación, ya había enviado un anexo de descubrimiento probatorio. Sin embargo, el juez replicó que ese material no estaba disponible para el despacho ni para las demás partes, por lo que insistió en que toda la información debía compartirse nuevamente a través del canal acordado.
Ante la insistencia de la defensa sobre la entrega de los anexos y la modalidad de la audiencia, el juez reiteró que su función no era asesorar a la defensa, sino garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.
Explicó que el proceso incluía dos actos diferenciados: el descubrimiento y la entrega de pruebas, y que ambos debían realizarse de manera transparente y accesible para todos los participantes.
El error de la Fiscalía y la suspensión de la audiencia afectan directamente el avance del proceso judicial. El juez advirtió que la falta de entrega completa del descubrimiento probatorio podría interpretarse como una maniobra dilatoria, por lo que instó a la Fiscalía a actuar con diligencia y a evitar cualquier acción que pudiera generar sospechas o retrasos adicionales en el juicio.
La transparencia y la celeridad en la entrega de pruebas se presentan como condiciones esenciales para que el proceso judicial avance conforme a la ley y para evitar cualquier percepción de maniobra dilatoria.
Crisis en la Nueva EPS pone en riesgo a millones de afiliados
La crisis de la Nueva EPS ha puesto en riesgo la atención de más de 11 millones de afiliados en Colombia, con un pasivo que podría superar 26 billones de pesos al cierre de 2025.
La Fiscalía General de la Nación ha llamado a juicio a cuatro exdirectivos de la aseguradora, incluido José Fernando Cardona Uribe, expresidente entre 2009 y 2024, por presunto ocultamiento de facturas y desvío de más de 70.000 millones de pesos.
El informe más reciente de la Contraloría General de la República reveló que, entre 2023 y junio de 2025, los pagos pendientes por legalizar aumentaron de 3,4 billones a más de 15 billones de pesos, lo que representa un incremento del 349%.
Además, se identificaron más de 22 millones de facturas sin auditar por un valor de 22.1 billones de pesos y 9.1 millones de facturas duplicadas concentradas en solo 36 prestadores.
La Mesa de Asociaciones de Usuarios y Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones, denunció que las advertencias sobre un posible “apagón del sistema de salud” fueron ignoradas durante dos años.
Según la organización, la falta de intervención efectiva ya se traduce en miles de muertes evitables. “Hoy esta advertencia es una realidad. La vida de millones de pacientes no da espera”, afirmó la Mesa en un comunicado dirigido por Denis Silva.
El exministro de Salud Alejandro Gaviria advirtió que el desorden contable se ha convertido en un problema operativo, con interrupciones de tratamientos, cancelación de citas y cierre de IPS en varias regiones.
“Lo que estamos viendo es un colapso humanitario que afecta directamente la vida de millones de colombianos”, indicó
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