En el cementerio del barrio Manga, en Cartagena (Bolívar), el habitual silencio fue quebrado el sábado 11 de octubre por el descubrimiento de un hecho que causó intriga entre los habitantes.
Un ciudadano reportó haber encontrado sobre una bóveda un afiche del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, junto a objetos calificados como “extraños y alusivos a prácticas de santería”.
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El hallazgo, que ocurrió en medio de las flores marchitas y el ir y venir de visitantes, fue comunicado de inmediato a los encargados del mantenimiento del camposanto.
El testigo relató que los elementos dispuestos alrededor de la imagen evocaban un ritual esotérico, aunque hasta ahora no se han ofrecido detalles específicos sobre el tipo de objetos involucrados o su significado.
La aparición de estos símbolos generó comentarios entre quienes acudían al cementerio a visitar a sus difuntos, y la especulación no tardó en expandirse a través de redes sociales y plataformas digitales de Cartagena.
“Eso no es nada gobernador Yamilito usted está protegido en la sangre de Cristo Pa’lante”; “La sangre de cristo tiene poder Pero la maldad existe ojo pelao”; “Gobernador de Bolívar protegido por la sangre de Cristo que viene bendiciendo familias comunidades con sus acciones y sus buenas obras Cristo lo protege (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.
El contexto de este hallazgo coincide con una etapa de relevancia pública para Arana, que recientemente participó en la inauguración de la planta solar flotante más grande del Caribe colombiano en Turbaco, un proyecto con el que, según declaró en el acto recogido por medios regionales, el departamento busca consolidarse como “referente regional en energías renovables, innovación e industrialización limpia”.
Asimismo, su administración ha impulsado la primera política pública departamental de salud mental, orientada al bienestar emocional de las familias bolivarenses.
No se ha identificado a la persona que colocó los objetos en el cementerio, ni se ha esclarecido el propósito detrás del acto. Por ahora, el acontecimiento permanece envuelto en misterio, generando preguntas e interpretaciones diversas entre la ciudadanía mientras avanza la investigación de las autoridades locales.
Madre e hija maltrataron hasta la muerte a un perro para hacer brujería
Habitantes del barrio Santa Catalina, en Sincelejo (Sucre), vive un ambiente de conmoción tras la captura de una madre y su hija señaladas de participar en la muerte de un perro que fue encontrado con evidentes signos de quemaduras.
Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2025, cuando vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos y frases inusuales provenientes de la vivienda, lo que generó sospechas sobre la posible realización de un ritual satánico.
La Policía Nacional atendió el reporte de la comunidad y, al llegar al lugar, halló el cuerpo del animal con indicios de haber sido incinerado. Tras identificar a las presuntas responsables, las trasladó ante la Fiscalía General de la Nación. Este suceso provocó indignación tanto en redes sociales como entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que han solicitado sanciones ejemplares contra las implicadas.
Durante la investigación, las dos mujeres reconocieron su participación y aseguraron haber actuado por miedo, alegando que el perro “estaba poseído” y que actuaron en defensa propia ante lo que consideraban una amenaza sobrenatural.
Sus declaraciones dieron pie a que las autoridades judiciales y sanitarias pongan el foco en el impacto mental y social de este tipo de conductas. Como parte del proceso, madre e hija deberán someterse a exámenes psiquiátricos y serán valoradas por especialistas en salud mental para establecer su responsabilidad penal.
Frente a la gravedad del caso, la Policía intensificó la vigilancia en el sector y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación similar, especialmente durante el mes de octubre, periodo en el que suelen reportarse casos de sacrificio de animales en distintas regiones del país.
Es preciso señalar que Ley Ángel, una norma aprobada en 2025 que eleva las sanciones para los delitos de maltrato animal en el país, establece penas de prisión de hasta 56 meses y multas que pueden alcanzar los 60 salarios mínimos legales, en función de la gravedad de los hechos.
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