Defensoría alerta crisis humanitaria por nuevo desplazamiento y secuestro en el sur de Bolívar

El sur de Bolívar enfrenta una nueva emergencia humanitaria tras los recientes combates entre grupos armados ilegales en la zona rural de Santa Rosa del Sur, de acuerdo con una publicación de la emisora Blu Radio.

De acuerdo con el reporte del alcalde Milton Olaya, cerca de 300 personas de las veredas Capellanía, Los Robles y El Tesoro abandonaron sus hogares durante la última semana por miedo a quedar en medio del fuego cruzado.

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“La población empezó a salir desde el fin de semana pasado, cuando comenzaron estos combates. Poco a poco han ido abandonando el territorio y, en este momento, muchas de estas familias se encuentran en el corregimiento de Villa Flor, donde hemos podido brindar asistencia humanitaria. Esto es muy preocupante, pues también hay decenas de familias en hacinamiento y confinadas, que tienen miedo de salir por las vías para llegar a Villa Flor”, explicó el mandatario local en diálogo con Blu Radio.

Olaya también confirmó que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Robles, Armando Uriel Ávila Chávez, completa siete días en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Junto a él, un habitante del municipio permanece retenido. “Desde la semana pasada, lamentablemente, se encuentra secuestrado el presidente de la JAC de la vereda Los Robles y un trabajador del municipio de Santa Rosa. Todavía seguimos esperando la liberación de Heider Jaramillo, quien se encuentra secuestrado desde mayo”, afirmó.

El alcalde insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional y las organizaciones de derechos humanos intervengan para garantizar la liberación de las personas secuestradas y la protección de la población civil. “Es realmente preocupante esta situación que estamos viviendo, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales de todo el municipio. Por eso insistimos y seguimos pidiendo apoyo al Gobierno Nacional y a las organizaciones de derechos humanos para que nos ayuden a recuperar a los secuestrados, pero también a garantizar que la población pueda estar y permanecer en el territorio”, reiteró.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció frente al recrudecimiento de la violencia en el sur de Bolívar y emitió una alerta sobre las graves afectaciones humanitarias que enfrentan las comunidades. Según el organismo, la disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC ha incrementado los confinamientos, desplazamientos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

De acuerdo con los registros de la entidad, durante 2025 se han documentado 27 emergencias humanitarias, 15 desplazamientos masivos y 12 confinamientos de comunidades. Estos hechos han impactado a 15.240 personas en Santa Rosa del Sur, 5.409 en Montecristo, 3.090 en Arenal del Sur, 249 en Cantagallo, 160 en Morales y 76 en Río Viejo. Actualmente, tres de estas emergencias continúan activas.

“La disputa territorial entre el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC) y el ELN, sumada a la presencia del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte del Estado Mayor de los Bloques y del frente de las disidencias de las FARC de la línea de Calarcá, ha convertido la Serranía de San Lucas, en el Magdalena Medio, en un epicentro de violencia generalizada, desplazamientos masivos, confinamiento de comunidades y violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló la Defensoría.

La entidad advirtió además que los grupos armados estarían utilizando a los habitantes como escudos humanos y restringiendo su movilidad. En varios sectores rurales, las familias no pueden transitar por las vías principales ni acceder a alimentos o atención médica.

El organismo hizo un llamado al Estado para que adopte medidas urgentes de protección y restablecimiento de derechos. En su comunicado, la Defensoría subrayó la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio, garantizar asistencia humanitaria oportuna y asegurar la permanencia de las comunidades. “Se requiere una respuesta integral que priorice la vida, la integridad y la dignidad de las comunidades afectadas”, insistió.