
El 10 de julio, el CTI de la Fiscalía realizó un allanamiento en la cárcel La Picota de Bogotá tras recibir información sobre un posible plan de asesinato dentro del penal.
Según las autoridades, el objetivo era incautar un arma de fuego que iba a ser utilizada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, contra otro recluso identificado como alias Araña.
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Ambos se encontraban recluidos en el pabellón de extraditables, donde permanecían internos con procesos judiciales pendientes ante cortes internacionales.
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Fuentes de inteligencia confirmaron que la acción del CTI permitió prevenir un ataque inminente contra Araña, quien, al igual que Pipe Tuluá, tiene antecedentes judiciales por homicidio y vínculos con estructuras criminales del Valle del Cauca.
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Durante el operativo participó la senadora Isabel Zuleta, quien acompañó la diligencia y presenció la entrega del arma por parte de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá, un recluso condenado por múltiples homicidios y solicitado en extradición por Estados Unidos.
Zuleta no habría solo asistido al allanamiento
Sin embargo, de acuerdo con Noticias RCN, la senadora Isabel Zuleta no solo estuvo presente durante la diligencia, sino que lideró el procedimiento que permitió la incautación del arma, en lo que describió como un esfuerzo para proteger la vida de un recluso y contribuir a la construcción de paz.
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La periodista María Fernanda Correa precisó en La FM que “lo que no se conocía es que fue ella quien encabezó el allanamiento”.
La noche anterior al operativo, se habría realizado una reunión en la Casa de Nariño con la presencia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, encuentro que, según fuentes, fue determinante para autorizar la acción en el penal.
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No obstante, aún no se ha aclarado bajo qué figura legal la senadora participó en un procedimiento judicial y penitenciario de esta naturaleza.

“Un gesto de paz”
El Gobierno, por su parte, registró oficialmente la diligencia como un “gesto de paz” mediante una resolución firmada por el alto comisionado Otty Patiño. Según Patiño, estos gestos pueden derivar en beneficios jurídicos o en la permanencia en el territorio nacional de personas como Pipe Tuluá, un hecho que ha generado debate sobre la relación entre las autoridades y actores con antecedentes criminales graves.
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En un video difundido por Noticias RCN, se observa a la senadora Zuleta junto a la abogada de Pipe Tuluá y funcionarios del Inpec y del CTI, recibiendo el arma de fuego. La senadora afirmó que su presencia buscaba acompañar la diligencia y garantizar la seguridad de alias Araña, subrayando que su participación tuvo como objetivo proteger vidas y respaldar iniciativas de paz en el país.
Además, la abogada de Pipe Tuluá, Angélica Martínez, confirmó que su defendido ha sostenido varias reuniones con altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al menos tres encuentros con el director nacional de Inteligencia, así como reuniones con el ministro de Justicia y la senadora Zuleta, según indicó la periodista Correa.
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Las explicaciones de Zuleta
La senadora Isabel Zuleta explicó en sus redes sociales que su intervención se originó tras recibir, en julio, una alerta de una de las abogadas de Pipe Tuluá sobre el riesgo que enfrentaba otra persona vinculada a un proceso de paz, conocida como alias Araña, también recluida en La Picota.
“En el mes de julio recibo la información de una de las abogadas de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como ”Pipe Tuluá“, sobre el presunto riesgo en el que se encuentra una de las personas que hace parte de un proceso de paz en nuestro país, conocido como alias Araña en la cárcel La Picota”, relató Zuleta.
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A partir de esa comunicación, la senadora informó al consejero comisionado sobre la situación y la disposición de Pipe Tuluá para colaborar con las autoridades, facilitando la localización del arma en el patio de extraditables.
“A partir de allí informé al consejero comisionado de la situación y de la voluntad que tenía este señor de realizar una entrega y de dar las pistas para que las autoridades del país encontraran un arma en el patio de extraditables”, afirmó la congresista.
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La senadora justificó su presencia como parte de un esfuerzo por proteger la vida de una persona presuntamente amenazada y, en última instancia, por respaldar iniciativas de paz.
“Es así como hago parte del acompañamiento de la diligencia de allanamiento que hizo la Fiscalía en su investigación y observo cómo se lleva a cabo este gesto para proteger la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo y que, sobre todo, le apuesta a la paz de nuestro país”, declaró Zuleta.
La controversia se amplió cuando el noticiero reveló que Pipe Tuluá ha promovido una “avalancha de tutelas” contra el Inpec para presionar traslados y decisiones administrativas, lo que, según fuentes de inteligencia consultadas por el medio, podría estar relacionado con un posible “plan pistola” contra guardianes de la institución.

En las últimas semanas, varios funcionarios del Inpec han sido asesinados, lo que ha encendido las alarmas sobre eventuales retaliaciones dentro del sistema carcelario.
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, también confirmó a Noticias RCN que Pipe Tuluá había solicitado ser reconocido como parte de un proceso de paz en abril de 2025, petición que fue rechazada. “La ley 2272 tiene unos marcos obligatorios en donde no todo grupo, banda o pandilla cabe”, señaló Buitrago.
Aunque el Gobierno no ha confirmado la existencia de una mesa de diálogo o un proceso formal con Pipe Tuluá, las declaraciones de los involucrados plantean interrogantes sobre la participación de funcionarios públicos en procedimientos judiciales y la amplitud de los llamados “gestos de paz” en el actual contexto político.
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