El Gobierno Nacional ordenó la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y de policía en zonas rurales de Nariño y Putumayo para facilitar la destrucción de catorce toneladas de material de guerra entregadas por la disidencia de las antiguas Farc conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).
La decisión, formalizada mediante el Decreto 1052 del 7 de octubre de 2025, hace parte de los compromisos asumidos en la mesa de diálogo reactivada recientemente con este grupo armado.
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De acuerdo con el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, el operativo representa “uno de los hitos verificables más importantes” dentro de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La medida busca garantizar condiciones de seguridad para el proceso de destrucción del armamento, que será supervisado por el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA).
El plan contempla la eliminación de 4 toneladas de material en Putumayo y 10 en Nariño, bajo el liderazgo de Walter Mendoza, comandante de la Cneb. El proceso se desarrollará en tres fases, en áreas de 25 kilómetros cuadrados cada una, cuya ubicación se mantiene reservada por razones de seguridad.
Las fechas definidas para la ejecución son: del 9 al 14 de octubre en Putumayo (Punto A), del 19 al 24 de octubre en Nariño (Punto B) y del 29 de octubre al 3 de noviembre en Nariño (Punto C). Cada fase tendrá una duración de seis días, completando 18 días de suspensión operacional.
El decreto aclara que esta suspensión no equivale a un cese al fuego general y no afecta las acciones contra economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilícita. El alcance de la medida será estrictamente limitado en tiempo y espacio, y la Fuerza Pública deberá actuar conforme al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
La Cneb, por su parte, se comprometió a no realizar acciones ofensivas ni interferir con las labores del personal técnico durante el proceso. Asimismo, el Gobierno dispuso garantías para los funcionarios y miembros de la Fuerza Pública involucrados, quienes no incurrirán en responsabilidades penales o disciplinarias durante el cumplimiento de estas tareas.
La hoja de ruta contempla un procedimiento técnico detallado: los integrantes del grupo armado trasladarán el material desde los puntos de almacenamiento y elaborarán un inventario, que luego será verificado por las autoridades militares.
Posteriormente, el armamento será entregado en los sitios acordados y destruido exclusivamente por las Fuerzas Militares. “Solo las Fuerzas Militares están facultadas para hacer la destrucción, por lo que el proceso requiere una logística compleja y zonas aisladas para evitar riesgos a la población o daños ambientales”, explicó Novoa.
Las zonas designadas deberán estar alejadas de centros poblados y cumplir condiciones ambientales específicas. Además, el operativo ha requerido la firma de convenios interadministrativos entre Indumil, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que las Fuerzas Militares son la única autoridad competente para destruir material bélico.
La reactivación de la mesa con la Cneb también ha permitido avances en otros compromisos del proceso de paz, como la implementación de programas piloto de sustitución de cultivos de coca.
En Nariño, el proceso comenzó en Roberto Payán, donde 300 familias firmaron acuerdos con la Dirección de Sustitución de Cultivos. En Putumayo, las iniciativas se desarrollan en Valle del Guamuez, Orito y San Miguel, con previsión de ampliarse a Puerto Asís.
Otro componente clave es la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (Zciut), donde se concentrarán los miembros de la disidencia en procesos de reincorporación y formación.
Según Novoa, los protocolos para su funcionamiento están en etapa final y se espera que el presidente firme el decreto que las formalizará en los próximos días.
Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos. En el sur del país se han reportado denuncias sobre reclutamiento de menores indígenas y censos irregulares en resguardos.
“Estamos verificando esa información. Si se confirmara, sería un harakiri, porque el reclutamiento de menores es un delito grave que los excluiría de los beneficios de la ley”, advirtió Novoa.
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