Ministra de Agricultura defiende la declaratoria de Appa en Antioquia y responde a críticas del gobernador Rendón

En medio de la más reciente disputa entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Antioquia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, salió al paso de las críticas por la resolución 377, una medida que ha despertó tensiones políticas y jurídicas alrededor del uso del suelo en ese departamento.

La funcionaria defendió la decisión de declarar más de 250.000 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción Agropecuaria (Appa), asegurando que no se trata de una intervención sobre la autonomía territorial, sino de una estrategia para proteger la seguridad alimentaria del país.

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El conflicto surgió luego de que el gobernador Andrés Julián Rendón denunciara públicamente la decisión del Ministerio de Agricultura, argumentando que el Gobierno de Gustavo Petro busca imponer desde Bogotá un control sobre los territorios.

“En Concordia, ahora el Gobierno Petro podrá decidir sobre usos productivos del suelo y establecer restricciones a ciertas actividades económicas. Esta disposición, que se da desde un frío escritorio en la capital, es cercana al socialismo y lejana de las libertades individuales. Es una afrenta a la autonomía de los municipios y departamentos que está definida en la Constitución”, escribió el mandatario en su cuenta de X, dando inicio a una controversia que rápidamente escaló al plano nacional.

La ministra Carvajalino, sin embargo, defendió la medida con firmeza. Según explicó, la resolución no prohíbe actividades agropecuarias ni restringe la productividad de las tierras, sino que establece un marco técnico para priorizar los suelos con vocación agrícola y protegerlos de presiones derivadas de la minería o la ganadería extensiva.

“Será el municipio, quien tiene la facultad constitucional de regular el uso del suelo, quien sobre esta determinante establezca los usos permitidos, compatibles y los prohibidos”, precisó.

En ese sentido, la funcionaria insistió en que la Appa no implica una intervención directa del Gobierno central sobre las decisiones locales, sino una herramienta de planificación que reconoce la autonomía de los municipios, pero bajo un principio de sostenibilidad. De acuerdo con el ministerio, en el caso específico de Concordia, la declaratoria cobija cerca de 13.000 hectáreas que tendrán una garantía de protección para la producción agrícola, permitiendo el desarrollo de cultivos en condiciones geológicas adecuadas.

Para la ministra Carvajalino, la medida busca corregir una tendencia preocupante, la pérdida de tierras fértiles por la expansión de actividades no agrícolas. La jefe de cartera señaló que, la producción de alimentos requiere suelos específicos, con características que no pueden desplazarse ni reemplazarse fácilmente. “Garantizar la producción de alimentos pasa por cuidar los territorios donde realmente se puede sembrar”, reiteró.

Detrás de la disputa también hay un debate de fondo sobre cómo debe gestionarse la tierra en Colombia. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de ordenar el territorio bajo criterios productivos y ambientales, los mandatarios locales reclaman mayor participación en las decisiones. En Antioquia, el tema adquiere una carga política adicional: el departamento es una de las regiones con mayor actividad minera y ganadera del país, sectores que se verían afectados por la delimitación de nuevas áreas agrícolas.

La resolución 377, según el Ministerio de Agricultura, forma parte de una estrategia nacional para identificar y proteger suelos agrícolas estratégicos que garanticen la seguridad alimentaria a largo plazo. Se trata, en palabras de la cartera, de un “instrumento técnico y no ideológico”, diseñado para promover el uso racional del territorio y evitar conflictos entre actividades incompatibles.

Además, el ministerio insiste en que la medida no busca restringir la autonomía regional, sino coordinar esfuerzos entre la Nación y los entes territoriales para planificar de manera más eficiente el uso del suelo, prevenir la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria y equilibrar la relación entre producción, conservación y desarrollo rural sostenible.