El desmantelamiento de una de las principales redes logísticas de tráfico de armas en el norte de Colombia dejó al descubierto la compleja estructura de la organización criminal Los Conquistadores de la Sierra Nevada, dedicada a abastecer de armamento y explosivos a sus frentes en los departamentos de Cesar y La Guajira.
En una operación coordinada, la Fiscalía General de la Nación capturó y judicializó a 23 presuntos integrantes de esta red, entre los que figuran un soldado en servicio activo, dos miembros retirados de la fuerza pública y Rosa Angélica Tarazona, alias Bebecita, identificada como la responsable de gestionar los pagos del denominado brazo armado del grupo.
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Las investigaciones permitieron establecer que los implicados obtenían fusiles y otros materiales bélicos en las inmediaciones de Valledupar (Cesar) y en el sector de Mingueo, en Dibulla (La Guajira).
El suministro de armas se realizaba a través de contactos dentro y fuera de la fuerza pública, incluyendo exintegrantes, que facilitaban la adquisición y modificación del armamento.
Parte de este material era adaptado y, en ocasiones, se utilizaba a menores de edad para trasladarlo hasta los campamentos del grupo armado ilegal.
De acuerdo con los registros recopilados por la Fiscalía General de la Nación, la red habría participado en 21 eventos delictivos de esta naturaleza entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.
La instrumentalización de menores y la manipulación de explosivos y municiones de diferentes calibres forman parte del modus operandi documentado en las investigaciones.
Entre los detenidos se encuentran Eliud Conrado Hurtado, señalado como presunto cabecilla del componente logístico; Frank David Redondo Mendoza, soldado profesional del Ejército Nacional; Fernando San Juan Lemus, soldado en retiro; y Jhon Alex Pérez Villareal, patrullero en retiro.
La presencia de alias Bebecita resalta por su papel en la administración de la nómina del grupo, lo que evidencia la sofisticación financiera de la organización.
La Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los 23 investigados cargos por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, uso de menores para la comisión de delitos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Por decisión de los jueces penales de control de garantías, 15 de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que los restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.
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En paralelo, en varias zonas del Magdalena, circularon una serie de videos difundidos por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en los que se observa a personas acusadas de distintos delitos —como robo, violencia de género, venta de drogas y amenazas— siendo obligadas a pedir disculpas públicamente.
En las grabaciones, los implicados aparecen rapados, portando carteles que indican el motivo de su castigo, y agradecen a la estructura paramilitar por darles, según sus palabras, “una segunda oportunidad”.
Algunos de ellos detallan medidas impuestas, como realizar trabajos comunitarios, y advierten que si reinciden, sufrirán consecuencias aún más graves, entre ellas la muerte.
Los comentarios de las publicaciones reflejan una percepción generalizada en la región sobre el control territorial de estos grupos, y la escasa acción de las autoridades ante estas prácticas que constituyen delitos según el Código Penal.
La situación evidencia que en varias localidades los grupos armados han asumido roles de control social y castigo, actuando al margen de la legalidad y la intervención estatal. Hasta el momento, no se registran pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades en el Magdalena frente a estos hechos.
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